Han pasado nueve años, un decreto-ley y una condena firme a 45 años de prisión para que la Generalitat de Cataluña acepte indemnizar con 617.473 euros a las familias de los dos agentes rurales asesinados a sangre fría por un cazador en Aspa, en 2017. La cantidad, aprobada por el Govern, no devuelve la vida a Xevi y a David, los dos funcionarios públicos que cumplían con su deber aquel fatídico día, pero al menos reconoce lo que siempre debió ser evidente: que la administración que los empleaba tenía una responsabilidad patrimonial que durante casi una década se negó a asumir. La pregunta que cualquier ciudadano de Lérida debe hacerse es: ¿por qué ha tenido que llegar un decreto-ley para que se haga justicia con quienes arriesgan su vida protegiendo nuestro patrimonio natural?
El crimen que conmocionó Las Garrigas
El 18 de julio de 2017, los agentes rurales Xevi y David realizaban labores de vigilancia en una finca del término municipal de Aspa, en la comarca de Les Garrigues, cuando se toparon con Ismael Rodríguez, un cazador furtivo que, según recoge la sentencia firme, disparó de forma «cierta y precisa» afectando zonas vitales de ambos funcionarios. El doble asesinato causó una conmoción profunda en toda la provincia de Lérida, donde la figura del agente rural siempre ha gozado de un respeto especial por su labor en la prevención de incendios y la protección del medio ambiente.
El juicio, celebrado en la Audiencia de Lérida, concluyó con una condena de 45 años de prisión para Ismael Rodríguez, una pena que reflejaba la gravedad de unos hechos que la propia sentencia calificó como «especialmente graves» por la alevosía y la indefensión de las víctimas. Pero mientras el asesino ingresaba en prisión, las familias de los agentes iniciaban un calvario administrativo que duraría casi una década.
El muro de la Generalitat
Durante estos nueve años, la Generalitat de Cataluña, gobernada sucesivamente por diferentes formaciones independentistas, se negó sistemáticamente a reconocer su responsabilidad patrimonial en el caso. Las familias de los agentes, representadas por el abogado Pau Simarro, reclamaron una indemnización que consideraban justa, pero se encontraron con una administración que bloqueó cualquier avance alegando que la responsabilidad recaía exclusivamente en el asesino condenado.
Esta posición resultaba especialmente dolorosa para los allegados de las víctimas, que veían cómo la misma administración que había contratado a sus familiares para desempeñar un servicio público de alto riesgo se desentendía de sus obligaciones cuando llegaba el momento de asumir las consecuencias. Como señaló el abogado Pau Simarro, «era de justicia y supone cerrar el caso tras nueve años». La expresión «era de justicia» resuena con especial fuerza cuando se piensa que durante casi una década la Generalitat consideró que no lo era.
El decreto-ley que cambió las reglas
El punto de inflexión llegó con la aprobación de un decreto-ley por parte del Govern de la Generalitat que obliga a resarcir a los agentes rurales que sufran daños en el ejercicio de sus funciones. Esta norma, que modifica el marco legal previo, ha sido el instrumento que ha permitido desbloquear la indemnización de 617.473 euros para las familias de los dos agentes asesinados en Aspa.
La pregunta que surge de forma inevitable es: ¿por qué fue necesario un decreto-ley para que la administración hiciera lo que la lógica y la justicia dictaban desde el primer momento? La respuesta, probablemente, se encuentra en una cultura administrativa que tiende a priorizar la protección del erario público por encima de la reparación a las víctimas, especialmente cuando se trata de servidores públicos que han dado su vida en acto de servicio.
El caso de los agentes rurales de Aspa no es un hecho aislado. En Cataluña, la figura del agente rural ha estado tradicionalmente infradotada y expuesta a riesgos que otras administraciones, como los Mozos de Escuadra, tienen mejor cubiertos. La falta de medios, la precariedad laboral y la ausencia de un reconocimiento adecuado a su labor han sido denunciadas en repetidas ocasiones por los sindicatos del sector.
El impacto real para el ciudadano de Lérida
Para los ciudadanos de Lérida, esta noticia tiene una lectura amarga. Por un lado, la indemnización supone un reconocimiento tardío pero necesario a la memoria de dos profesionales que perdieron la vida protegiendo nuestro entorno natural. Por otro, el hecho de que haya sido necesaria una década de lucha administrativa para conseguirlo pone de manifiesto las carencias de un sistema que, en demasiadas ocasiones, abandona a quienes más lo necesitan.
El caso de Aspa debería servir como un aviso para la administración catalana. Si los agentes rurales, que realizan una labor esencial en la prevención de incendios y la protección del medio ambiente, no tienen garantizada una protección adecuada y un resarcimiento rápido en caso de tragedia, ¿qué mensaje se está enviando a quienes deciden dedicar su vida a este servicio público?
Además, la cifra de 617.473 euros, aunque significativa, no deja de ser un consuelo económico para unas familias que han perdido a sus seres queridos de la forma más violenta imaginable. La justicia, en estos casos, nunca es completa, pero al menos debería ser rápida y ejemplar. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido en este caso.
Una reflexión de futuro
El decreto-ley que ha permitido esta indemnización es, sin duda, un avance normativo. Pero no debería ser el final del camino. La Generalitat debe ir más allá y establecer un sistema de cobertura automática para los agentes rurales que sufran daños en acto de servicio, sin necesidad de que las familias tengan que recorrer un calvario burocrático de nueve años para obtener lo que es justo.
La sociedad leridana, que tanto valora el trabajo de los agentes rurales en la protección de nuestros bosques y campos, merece saber que quienes arriesgan su vida por nosotros tendrán una respuesta ágil y humana por parte de la administración. El caso de Aspa debería ser el último de una larga lista de demoras injustificadas.
Como reflexión editorial, cabe preguntarse si el independentismo que ha gobernado Cataluña durante estos nueve años ha priorizado realmente la protección de los servidores públicos o si, por el contrario, ha utilizado la burocracia como un instrumento para eludir responsabilidades. La respuesta, a la luz de los hechos, parece clara: la justicia ha llegado, pero ha llegado demasiado tarde. Y eso, para las familias de Xevi y David, es una herida que ninguna cantidad de dinero podrá cerrar del todo.