Cuarenta y seis heridos. Cuatro en estado crítico. Un autocar destrozado contra la fachada de un edificio en pleno centro de Lleida. La mañana del accidente, a las 7:30, decenas de temporeros viajaban hacinados en un vehículo que nunca debió circular por esa ruta a esa hora. Pero la pregunta que ningún comunicado oficial responde es sencilla: ¿quién autorizó ese trayecto? Porque detrás de cada tragedia evitable hay siempre una cadena de decisiones políticas, permisos administrativos y omisiones que convierten un siniestro en una catástrofe anunciada. En Lleida, esa cadena apunta directamente al Ayuntamiento de la ciudad y a la Generalitat de Cataluña.

El accidente y los datos que incomodan

El pasado martes, un autocar que transportaba temporeros agrícolas perdió el control y se estrelló contra la fachada de un edificio en el centro de Lleida. Según fuentes de los Mossos d’Esquadra y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el balance final fue de 46 heridos, de los cuales cuatro ingresaron en estado crítico en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Los Bomberos de la Generalitat trabajaron durante horas para excarcelar a varios ocupantes atrapados entre los hierros.

El vehículo, un autocar de grandes dimensiones, circulaba por una vía urbana del centro histórico cuando, por razones que aún investiga la policía autonómica, impactó frontalmente contra un edificio. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo mecánico o a un error humano, pero lo que ya está claro es que el trayecto era inapropiado para un vehículo de esas características en hora punta.

Sin embargo, lo más revelador no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió antes. Ninguna fuente municipal ha comparecido para explicar qué permisos se concedieron para circular por el centro de Lleida. El Ayuntamiento, gobernado por el PSC con el apoyo de ERC y Comuns, guarda silencio. La Generalitat, responsable de las inspecciones de transporte, tampoco ha aclarado si el vehículo contaba con la autorización necesaria para realizar rutas urbanas con temporeros.

¿Quién autorizó la ruta del autocar accidentado en Lleida?

El accidente no es un hecho aislado. Es la consecuencia de dos fallos sistémicos que se repiten cada temporada agrícola en la provincia. El primero es municipal: el Ayuntamiento de Lleida, a través de Fira de Lleida y otras entidades, autoriza la circulación de autocares que transportan temporeros desde los alojamientos rurales hasta los puntos de recogida en la ciudad. Estos vehículos, a menudo contratados por empresas agrícolas o intermediarios, recorren calles estrechas del centro sin que nadie verifique si las rutas son seguras, si los conductores están descansados o si los vehículos pasan las revisiones obligatorias.

El segundo fallo es de la Generalitat. El Departament d’Empresa i Treball, encargado de las inspecciones de transporte, no ha realizado controles sistemáticos sobre las rutas de temporeros. Tampoco ha exigido que los permisos de trabajo tipo B, que permiten la contratación de jornaleros extranjeros, incluyan condiciones de alojamiento digno y transporte seguro. El resultado: temporeros que viajan en autocares que no siempre cumplen la normativa, por rutas no diseñadas para vehículos pesados, y a horas en las que el tráfico urbano es más denso.

El dato es tozudo: según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Lleida concentra una de las mayores bolsas de temporeros agrícolas de Cataluña, con más de 15.000 trabajadores en campañas punta. Sin embargo, las inspecciones de transporte de viajeros realizadas por la Generalitat en 2023 apenas superaron las 200 en toda la provincia. Una cifra irrisoria para un sector que moviliza miles de personas cada día.

La doble negligencia de Ayuntamiento y Generalitat

Mientras los heridos permanecen hospitalizados, las administraciones se refugian en el protocolo. Los Mossos investigan las causas del accidente, pero nadie pregunta por qué ese autocar estaba donde estaba. El Ayuntamiento de Lleida no ha convocado ninguna comparecencia urgente. La Generalitat se limita a activar el protocolo de emergencias, sin asumir responsabilidades políticas.

Pero el coste humano ya es tangible. Cuatro familias esperan noticias sobre el estado crítico de sus seres queridos. Decenas de temporeros, muchos de ellos extranjeros sin red familiar en España, han visto interrumpida su campaña laboral. Lleida vuelve a ser noticia por una tragedia que, con una gestión mínimamente responsable, podría haberse evitado.

No es la primera vez que ocurre. En 2019, un autocar de temporeros volcó en la carretera de Alcarràs, dejando 12 heridos. En 2021, otro vehículo similar sufrió un accidente en la N-240, con 8 heridos. En todos los casos, las investigaciones señalaron la falta de controles y la precariedad del transporte agrícola. En todos los casos, las administraciones prometieron mejorar. Y en todos los casos, el silenció se impuso hasta el siguiente siniestro.

Una reflexión de futuro: la seguridad no es un lujo, es una obligación

El accidente del centro de Lleida no es un error puntual. Es la consecuencia de una política de permisividad que antepone la urgencia de la campaña agrícola a la seguridad de las personas. Mientras el Ayuntamiento no regule las rutas urbanas de autocares de temporeros, mientras la Generalitat no inspeccione de forma sistemática estos vehículos, y mientras los partidos independentistas sigan mirando hacia otro lado para no incomodar a los lobbies agrícolas, los accidentes se repetirán.

La solución no es complicada. Exigir que todos los autocares de temporeros tengan un permiso específico para circular por el centro de Lleida, con rutas predefinidas y horarios que eviten las horas punta. Incrementar las inspecciones de transporte en campaña agrícola, con sanciones ejemplares para las empresas que incumplan. Y, sobre todo, que el Ayuntamiento y la Generalitat dejen de eludir sus responsabilidades con comunicados vacíos.

Los 46 heridos del martes no son una estadística. Son personas que confiaron en que las administraciones velaban por su seguridad. Esa confianza ha quedado destrozada contra una fachada en el centro de Lleida. Ahora, la única pregunta que merece respuesta es: ¿qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir?