El barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) correspondiente a febrero de 2025 ha sacudido el tablero político leridano con un dato que no admite medias tintas: Aliança Catalana, el partido liderado por Sílvia Orriols, sería la primera fuerza política en la provincia de Lleida con un 17,9% de intención de voto, superando a ERC (17%) y al PSC (12,5%). Pero lo que convierte esta cifra en un terremoto político no es solo el ascenso de una formación independentista radical, sino el contexto que lo rodea: la confianza en la Generalitat se desploma a un 2,2 sobre 10, el Parlament obtiene un 2,5, y el 69% de los catalanes se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia. En Lleida, capital de la Cataluña interior, el malestar ciudadano ha encontrado un altavoz.
El mapa electoral de Lleida: un vuelco histórico
Los datos del CEO, recogidos por el diario Segre, dibujan una provincia donde el independentismo tradicional pierde fuelle mientras la opción más radical gana terreno. Aliança Catalana obtiene un 17,9% de intención de voto directa, seguida de ERC con un 17%, el PSC con un 12,5% y Junts con un 8,9%. En el conjunto de Cataluña, la proyección de escaños sitúa al PSC como primera fuerza (36-38 diputados), pero la gran sorpresa es Aliança Catalana, que irrumpe con 23-25 escaños, superando a Junts (16-18) y quedando muy cerca de ERC (24-26).
Este ascenso no es fruto de la casualidad. En Lleida, donde la inmigración irregular y la inseguridad ciudadana son preocupaciones crecientes, el discurso de Orriols —que combina independentismo radical con un mensaje duro contra la inmigración ilegal— conecta con un electorado que se siente abandonado por las instituciones. El barómetro revela que el 62% de los votantes de Vox y el 53% de los de Aliança Catalana señalan la inseguridad como su principal problema, muy por encima de la media general. En una provincia donde el PP y Vox suman fuerzas en el ámbito municipal, este dato explica por qué la extrema derecha independentista está comiendo terreno a la derecha constitucionalista.
La crisis de confianza: instituciones suspendidas
El barómetro del CEO no solo mide intención de voto; también radiografía la salud democrática de Cataluña. Y el diagnóstico es alarmante. En una escala del 0 al 10, la confianza en la Generalitat obtiene un 2,2; el Parlament, un 2,5; la Monarquía española, un 3,4; los Ayuntamientos, un 3,8; los Tribunales de justicia, un 4,1; la Unión Europea, un 4,6; y la Iglesia católica, un 4,7. Solo el 25% de los catalanes dice confiar en el Govern de Salvador Illa, y apenas el 28% en el Parlament.
Estos números reflejan una desafección institucional que trasciende el debate independentista. El 69% de la población se muestra poco o nada satisfecha con el funcionamiento de la democracia actual, y un preocupante 56% cree que el gobierno les oculta información. En Lleida, donde la gestión de la inmigración y la seguridad son temas recurrentes en las conversaciones de bar, esta desconfianza se traduce en un voto de castigo hacia los partidos tradicionales. Aliança Catalana capitaliza ese malestar presentándose como la única fuerza que dice lo que otros callan.
Inseguridad y vivienda: las dos caras de la fractura social
El barómetro revela una fractura generacional y temática que explica el auge de Aliança Catalana. Mientras la inseguridad es el problema principal para el 62% de los votantes de Vox y el 53% de los de Aliança, la vivienda angustia al 35% de los jóvenes de 18 a 24 años, al 31% de los votantes de los Comuns y al 20% de los de la CUP. En Lleida, donde el precio del alquiler ha subido un 40% en los últimos cinco años y los robos en el centro histórico son moneda corriente, ambas preocupaciones conviven.
Pero el dato que debe hacer reflexionar a los partidos constitucionalistas es que la inseguridad no es un problema exclusivo de la derecha. El 25% de los mayores de 64 años también la señalan como prioridad, y este colectivo es tradicionalmente más afín al PSC o al PP. Sin embargo, el voto de estos mayores está migrando hacia Aliança Catalana en Lleida, donde la formación de Orriols ha sabido conectar con el miedo al delincuente reincidente y la sensación de impunidad judicial. Mientras el Govern de Illa se enreda en debates identitarios, el ciudadano de a pie ve cómo su calidad de vida se deteriora.
El independentismo radical como síntoma, no como causa
Conviene no simplificar: Aliança Catalana no es solo un partido independentista; es un movimiento que canaliza la frustración hacia el sistema. El 56% de los catalanes cree que el gobierno les oculta información, y el 69% está insatisfecho con la democracia. En este caldo de cultivo, el discurso de Orriols —que mezcla soberanismo con un mensaje antisistema y un lenguaje directo contra la inmigración irregular— encuentra un eco que los partidos tradicionales no logran contrarrestar.
En Lleida, donde la presencia de inmigrantes en situación irregular es visible en barrios como el Cappont o la Mariola, el discurso de la seguridad se convierte en un arma electoral letal. El PSC, que gobierna la Paeria con el socialista Fèlix Larrosa, ha intentado una gestión moderada, pero los datos del CEO demuestran que no basta. ERC y Junts, por su parte, están atrapados en su propia crisis interna y no ofrecen una alternativa creíble. Y el PP, con un 12-13% de proyección de escaños en el conjunto de Cataluña, sigue sin despegar en Lleida, donde su discurso constitucionalista choca con el independentismo mayoritario de la provincia.
Perspectiva de futuro: el aviso a los partidos constitucionalistas
El barómetro del CEO es un aviso para navegantes. Si los partidos constitucionalistas —PSC, PP y Vox— no logran articular un discurso que aborde la inseguridad y la desafección institucional con medidas concretas, Aliança Catalana seguirá creciendo. En Lleida, donde el 17,9% de intención de voto ya la sitúa como primera fuerza, el fenómeno Orriols no es una anécdota; es una tendencia.
La reflexión final es incómoda pero necesaria: la democracia catalana está enferma. Cuando solo el 25% de los ciudadanos confía en su Govern y el 69% está insatisfecho con el sistema, el caldo de cultivo para extremismos está servido. En Lleida, la capital de la Cataluña rural y conservadora, Aliança Catalana ha entendido que la mejor manera de crecer es explotar el malestar. A los partidos constitucionalistas les queda poco tiempo para demostrar que pueden ofrecer algo más que gestos y buenas intenciones. Si no lo hacen, el próximo barómetro podría ser aún más inquietante.