Los vecinos de Torres de Segre, Aitona, Albatàrrec, Benavent de Segrià y Alpicat llevan semanas conviviendo con una realidad que ningún pueblo debería soportar: bolsas de basura amontonadas durante días en las aceras, líquidos que chorrean de los camiones y ensucian las calles, y un servicio de recogida que ha pasado de doce frecuencias semanales a apenas tres. Lo más grave no es solo la degradación del servicio, sino que los ayuntamientos están pagando más que antes. La concesión a la multinacional Urbaser, que sustituyó a FCC, se ha convertido en un foco de tensión que amenaza con estallar: varios alcaldes ya han anunciado que no pagarán hasta que se restablezcan las condiciones pactadas. Es la crónica de una privatización fallida que golpea directamente la calidad de vida y la salubridad en el Segrià.
El mapa del descontento: cinco pueblos, una misma queja
La protesta no es aislada. Según ha publicado SEGRE, los municipios afectados son Torres de Segre, Aitona, Albatàrrec, Benavent de Segrià y Alpicat. Todos ellos comparten un mismo problema: la empresa Urbaser, que asumió el servicio tras la salida de FCC, no está cumpliendo con lo pactado. Los alcaldes denuncian que las bolsas de basura se acumulan durante varios días, los horarios de recogida se incumplen sistemáticamente y los camiones, viejos y con continuas averías, derraman líquidos que ensucian las calles.
La situación ha generado un malestar creciente entre los vecinos, que ven cómo un servicio básico se ha convertido en un problema de salud pública. En palabras del alcalde de Torres de Segre, Àxel Curcó, recogidas por SEGRE: “Veníamos de un mal servicio y las primeras semanas todo se ajustaba en horarios y limpieza, pero no sabemos qué ha pasado que se ha ido degradando paulatinamente. Hay que tener en cuenta que la cuota mensual también ha subido y exigimos tener una buena prestación”.
El coste de la ineficiencia: más dinero por menos servicio
Uno de los datos más llamativos de esta crisis de la basura es el incremento económico que soportan los ayuntamientos. La cuota mensual que pagan ha aumentado de forma significativa, un incremento que no se corresponde con la calidad del servicio recibido. Al contrario: mientras el coste sube, la frecuencia de recogida se ha desplomado de doce veces por semana a solo tres.
Este desajuste entre lo que se paga y lo que se recibe ha llevado a los alcaldes a plantearse medidas drásticas. Según la información publicada, algunos ayuntamientos como Aitona, Albatàrrec y Torres de Segre amenazan con no pagar por la prestación hasta que no se mejoren las condiciones pactadas. Es una decisión arriesgada, porque podría derivar en conflictos legales, pero los regidores consideran que es la única forma de presionar a una empresa que, hasta ahora, no ha respondido a sus quejas.
La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, y el de Albatàrrec, Jaume Sanuy, han señalado que las deficiencias se deben a la falta de personal y a camiones con continuas averías. Ambos reclaman al Consell Comarcal del Segrià que aplique sanciones a la concesionaria. La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué una empresa del tamaño de Urbaser, con presencia en toda España, no es capaz de garantizar un servicio básico en cinco pueblos del Segrià?
El Consell Comarcal, en el punto de mira
La concesión del servicio de recogida de basuras no depende directamente de los ayuntamientos, sino del Consell Comarcal del Segrià, que es quien adjudicó el contrato a Urbaser. Por eso, los alcaldes han dirigido sus quejas hacia esta institución, exigiéndole que actúe con firmeza.
El problema es que mientras la maquinaria administrativa se mueve, los vecinos siguen soportando las consecuencias. En Benavent de Segrià, el alcalde Antoni Carré ha reconocido que “esta semana se están poniendo al día en lo que respecta a la recogida”, lo que sugiere que la empresa está reaccionando tarde y mal, después de semanas de acumulación de basura.
La situación pone sobre la mesa una cuestión más amplia: la externalización de servicios públicos a grandes empresas privadas. En teoría, debería garantizar eficiencia y ahorro, pero en la práctica, cuando no hay una supervisión rigurosa, el resultado puede ser el contrario. Los ayuntamientos pagan más, los vecinos reciben menos, y la empresa, mientras tanto, sigue cobrando.
El impacto en la vida cotidiana: del enfado a la preocupación sanitaria
Más allá de las cifras y las declaraciones políticas, hay un impacto real en la vida de las personas. Tener bolsas de basura amontonadas durante días en la puerta de casa no es solo una molestia estética; es un foco de malos olores, de proliferación de insectos y roedores, y de riesgo sanitario, especialmente en los meses de calor.
Los vecinos de estos pueblos han visto cómo sus calles se ensucian con los líquidos que chorrean de los camiones, un problema que denuncian los alcaldes y que afecta directamente a la convivencia y a la imagen de los municipios. La dejadez en un servicio básico como la recogida de basuras añade un elemento más de descontento y de sensación de abandono institucional entre los ciudadanos del Segrià.
Mirando al futuro: sanciones, impagos o renegociación
El futuro inmediato de esta crisis dependerá de la capacidad de presión de los ayuntamientos y de la respuesta del Consell Comarcal y de Urbaser. La amenaza de no pagar es seria, pero también arriesgada: si los ayuntamientos dejan de abonar las cuotas, la empresa podría recurrir a la vía judicial, y los vecinos serían los primeros en sufrir las consecuencias si el servicio se paraliza por completo.
La opción más sensata sería que el Consell Comarcal aplicara las sanciones que reclaman los alcaldes, forzando a Urbaser a cumplir el contrato. Pero para eso hace falta voluntad política y una supervisión real, algo que hasta ahora no se ha visto.
En cualquier caso, este episodio debería servir como lección para futuras concesiones. No basta con adjudicar un servicio al mejor postor; hay que establecer mecanismos de control que permitan detectar y corregir los incumplimientos de forma rápida y efectiva. De lo contrario, la privatización no será una solución, sino un problema añadido.
Mientras tanto, los vecinos de Torres de Segre, Aitona, Albatàrrec, Benavent de Segrià y Alpicat seguirán viendo cómo la basura se acumula en sus calles, pagando más por un servicio que cada día es peor. Y los alcaldes, atrapados entre la obligación de garantizar la salubridad y la impotencia de no poder exigir lo que han pagado, tendrán que decidir si aprietan el gatillo del impago o si esperan a que la administración comarcal, esa que debería velar por sus intereses, haga algo más que mirar hacia otro lado.