El Ayuntamiento de Lleida ha presentado la propuesta de nueva ordenanza fiscal para el ejercicio 2027. El documento, impulsado por el grupo municipal socialista (PSC), contempla la congelación de todos los tributos y tasas municipales. Esta medida busca mantener estable la presión impositiva sobre los vecinos de la ciudad.

Además de no subir los importes, la propuesta incluye modificaciones específicas en las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ajustes en la tasa de recogida de residuos domésticos. Según los detalles facilitados a la Comisión de Hacienda y recogidos por los diarios locales Segre y La Mañana, el objetivo declarado es aliviar la carga económica de los ciudadanos en un contexto de estancamiento salarial.

Ajustes en la tasa de basuras por demoras administrativas

Uno de los puntos técnicos más relevantes de la propuesta afecta a la tasa de limpieza viaria. El Consistorio propone realizar devoluciones dinerarias a los contribuyentes. Esta acción no se basa en una reducción voluntaria de la tarifa, sino en la corrección de un desfase contable.

Tras el análisis de los datos, se constata que las devoluciones derivan de un gasto inferior al presupuestado inicialmente. La causa directa de esta diferencia económica ha sido la demora de tres meses en la puesta en marcha del nuevo contrato de gestión de residuos urbanos. Al tardarse más en adjudicar y ejecutar el servicio, el Ayuntamiento gastó menos de lo estimado mientras simultáneamente ya había cobrado la tasa a los ciudadanos.

Las cantidades a devolver varían según el tipo de inmueble y la superficie. Para las viviendas ubicadas en la zona de l’Horta, la devolución propuesta oscila en torno a los 3,48 euros por hogar. En el caso de las casas de más de 350 metros cuadrados que no están sujetas al sistema de puerta a puerta, la cifra asciende a 8,21 euros. El sector de la hostelería recibirá asimismo una compensación, con importes que se sitúan entre 33,14 euros y 123,47 euros para bares y restaurantes, dependiendo de la superficie del establecimiento.

Laura Bergés, representante de la formación El Comú, ha señalado en la sesión de la comisión que la propuesta presenta una “gran carencia” en la reforma de esta tasa. La edil ha solicitado al equipo de gobierno que aumente la penalización del IBI para los pisos vacíos y que incluya bonificaciones para la retirada de amianto, medidas que no figuran en el texto inicial presentado.

Expansión de bonificaciones del IBI al ámbito de la vivienda

La propuesta fiscal modifica varias bonificaciones del IBI enfocadas en el acceso a la vivienda. Una de las medidas principales consiste en la prolongación de la bonificación del 50% para las viviendas de protección oficial (VPO). El periodo de vigencia de esta reducción se extiende de cinco a seis años, otorgando un año adicional de alivio fiscal a los propietarios de estos inmuebles.

Asimismo, se prolonga un año más la bonificación del 95% para las viviendas de alquiler con renta limitada situadas en solares cedidos por el Ayuntamiento. Esta medida busca incentivar la oferta de alquiler asequible en suelo público. En el ámbito de la construcción, la bonificación para la edificación de VPO destinadas al alquiler mínimo de cinco años pasa del 90% al 95%, incrementando el incentivo fiscal para las promotoras que desarrollen este tipo de proyectos.

En el segmento del alojamiento estacional, la propuesta eleva la deducción del 70% al 95% para los inmuebles destinados al alojamiento temporal de trabajadores estacionales. Esta modificación responde a la necesidad de garantizar alojamiento adecuado durante las campañas agrícolas de Lleida y sus comarcas. Adicionalmente, en el programa de mediación para el alquiler social, el descuento en la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) aumenta del 80% al 95% para los inmuebles que se incorporen a este programa.

Generalización de bonificaciones por rehabilitación en toda la ciudad

Un cambio estructural relevante afecta a las deducciones por reforma de vivienda dentro del programa de la Bolsa de Vivienda. Hasta la fecha, las deducciones del 75% estaban geográficamente limitadas al Barri Antic. La nueva propuesta elimina esta restricción, aplicando el beneficio fiscal a la totalidad del término municipal de Lleida.

Esta ampliación busca fomentar la rehabilitación en los barrios periféricos y de expansión, no solo en el casco antiguo. La medida permite que propietarios de viviendas en otras zonas de la ciudad accedan a las mismas ayudas para mejorar su vivienda y combatir el deterioro urbano. La decisión responde a la exigencia de un tratamiento homogéneo de las ayudas a la rehabilitación, independientemente de la localización del inmueble.

Laura Bergés ha criticado la alcance de estas medidas en materia de vivienda y medio ambiente. La representante de El Comú ha reclamado la inclusión explícita de bonificaciones por la retirada de amianto, un residuo peligroso presente en numerosas construcciones antiguas de Lleida. Según la oposición, la propuesta actual no aborda suficientemente las necesidades de renovación del parque de viviendas ni la protección ambiental de los edificios.

Impacto en el tejido económico y empresarial

La congelación de las tasas de ocupación de vía pública y de las licencias de apertura mantiene la estabilidad previsibilidad para los comercios y establecimientos de hostelería de Lleida. Las devoluciones económicas en la tasa de basuras, aunque de cuantía modesta, suponen un ajuste técnico para los bares y restaurantes.

La ampliación de las bonificaciones para el alojamiento estacional tiene un impacto directo en las empresas del sector agrícola y en las cooperativas que contratan mano de obra temporal. Al reducir la carga fiscal en los inmuebles destinados a este fin, se abarata el coste del alojamiento. Esto puede facilitar la contratación y mejorar la retención de trabajadores en la comarca de Lleida durante las temporadas de campaña.

El sector de la construcción y la promoción inmobiliaria analiza con interés la subida de las bonificaciones para la VPO y el alquiler asequible. Estas medidas buscan dinamizar el mercado de la vivienda protegida, que ha sufrido variaciones en los últimos años debido a los costes de construcción. La prolongación de las bonificaciones en solares públicos podría incentivar la inversión en vivienda asequible en zonas estratégicas de la ciudad.

Calendario de aprobación y estado de la negociación

La propuesta de ordenanza fiscal para 2027 debe ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Lleida antes del 31 de diciembre de 2026 para que entre en vigor el 1 de enero de 2027. El texto ha sido remitido previamente a la Comisión de Hacienda, donde se han celebrado las primeras sesiones de debate. Los grupos de oposición han presentado enmiendas y han solicitado la inclusión de nuevas medidas, como las bonificaciones por retirada de amianto y la penalización de pisos vacíos.

La aprobación final dependerá de la negociación entre el gobierno municipal y el resto de grupos políticos. El consenso general gira en torno a la congelación de las tasas, mientras que las bonificaciones específicas y las nuevas medidas son objeto de debate técnico.

Los vecinos y empresarios de Lleida deberán esperar a la aprobación definitiva en el Pleno para conocer los importes exactos que deberán abonar o recibir en 2027. En el caso de la tasa de basuras, las devoluciones se realizarán una vez aprobada la ordenanza, siguiendo el procedimiento administrativo establecido por la corporación. El Ayuntamiento ha recordado que cualquier modificación en las ordenanzas fiscales debe cumplir con los principios de legalidad, capacidad económica y progresividad, según la legislación estatal y autonómica vigente.

La decisión final determinará la carga impositiva de los hogares y las empresas de la ciudad y sua comarca. La congelación de tasas evita un incremento en la cuota, aunque la ausencia de nuevas bonificaciones específicas deja sin respuesta parlamentaria algunas de las demandas presentadas por la oposición y por los colectivos sociales. La ciudad se prepara así para un nuevo ejercicio fiscal manteniendo la estructura tributaria actual, en un entorno que exige inversión pública sostenida en servicios esenciales y vivienda.