El boicot docente contra las salidas escolares con pernoctación ya no es una amenaza: es un golpe directo a las familias de Lleida (Lérida) y a un sector económico que no tiene culpa del conflicto laboral. A 1 de octubre, 1.365 colegios e institutos de toda Cataluña han secundado la orden de los sindicatos USTEC, CGT y La Intersindical para rechazar las actividades fuera del aula que impliquen dormir fuera. En la demarcación de Lleida, la cifra supera los 160 centros: 137 de las comarcas de la Plana de Lleida, 20 del Pirineo y Arán y 4 del Solsonés. El resultado no es una protesta administrativa más: casas de colonias que cierran, trabajadores enviados a ERTE al cien por cien y reservas desplomadas entre el 70 y el 80 por ciento. Lo que se vende como reivindicación laboral se traduce en menores privados de experiencias educativas y empresarios arruinados.

Los números del boicot docente en Lleida

La protesta ya no es una advertencia. Según publica Segre este 1 de octubre, 1.365 centros educativos catalanes han adherido a la medida de presión contra las salidas escolares que incluyen pernoctación. La adhesión en la demarcación de Lleida es especialmente llamativa: 137 centros de las comarcas de la Plana de Lleida, 20 del Pirineo y Arán y 4 del Solsonés suman, en total, más de 160 colegios e institutos que dejan de organizar actividades fuera del aula que impliquen dormir fuera.

Detrás de esta cifra están los sindicatos USTEC, CGT y La Intersindical, que han convertido la negativa a las pernoctaciones en su principal arma de presión. El mensaje es claro: si la Administración no cede a sus reivindicaciones sobre condiciones y remuneraciones, las familias y los alumnos pagarán las consecuencias. Lo que se vende como defensa de los derechos laborales se traduce, en la práctica, en la cancelación masiva de excursiones, colonias y actividades complementarias que forman parte habitual del calendario escolar.

La escala del boicot demuestra que no estamos ante un problema puntual ni de unos pocos centros marginales. Es una acción coordinada que afecta a cientos de miles de familias en Cataluña y a miles en Lleida, y cuyo impacto trasciende el ámbito estrictamente escolar. Para muchos padres, la noticia llega en forma de comunicado del centro cancelando una salida ya prevista, con el dinero abonado en suspense y el hijo mirando la mochila que no se va a usar.

El sector asfixiado: cierres y ERTE al cien por cien

La primera factura del boicot no la paga la Administración; la paga el tejido empresarial de las casas de colonias y albergues escolares. La Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Cataluña (Accac) ha alertado de que la situación ya es crítica. Su presidente, Werner Estellé, ha advertido de “consecuencias catastróficas” para el sector: pérdida de puestos de trabajo, cierre de instalaciones y la destrucción de un modelo educativo “que reconoce el valor educativo de las excursiones y pernoctaciones”.

Las cifras lo confirman. El sector del ocio educativo registra pérdidas económicas de hasta el 70-80 % en las reservas de la temporada de otoño-invierno. Ante un colapso semejante, muchos propietarios de casas de colonias han optado por cerrar sus puertas y activar ERTEs al cien por cien del personal. No pueden mantener abiertas instalaciones que dependen casi exclusivamente de los grupos escolares, ni pueden asumir costes fijos —personal, mantenimiento, suministros— con una ocupación reducida a la mínima expresión.

La lógica del empresario del sector es demoledora y comprensible: “No podemos esperar a que lleguen las reservas”, resume Estellé. Si los centros educativos no confirman actividades, no hay ingresos; si no hay ingresos, no hay nóminas; si no hay nóminas, el ERTE y el cierre son la única salida. Un ejemplo concreto lo encontramos en la casa de colonias Miravall, en Juneda, que ya ha perdido un 60 % de las reservas y, de momento, no prevé cerrar, aunque vive una situación de máxima tensión. Su caso no es una excepción; es el espejo en el que se miran decenas de negocios de las comarcas de Lleida.

Estas empresas no operan con márgenes holgados. Su dependencia casi total de los grupos escolares hace que una temporada en blanco las sitúe al borde del cierre. Cuando el grifo de las reservas se cierra, la cuenta atrás para la supervivencia del negocio se mide en semanas.

Una mediación que no resuelve: 50 euros y silencio sindical

El fracaso de la mediación del Departamento de Educación es evidente. Según Accac, el Departamento ha avanzado con algunas mejoras, pero “son los sindicatos los que no responden a ellas”. El último acuerdo incluyó una remuneración de 50 euros por pernoctación para el profesorado que acompaña a los alumnos, una cifra que pretendía desbloquear el conflicto. No ha servido.

Esta parálisis revela una gestión pública débil. La Administración educativa no puede limitarse a ofrecer propuestas y esperar sentada a que los sindicatos se dignen a contestar. Su obligación es garantizar el servicio público, cumplir los calendarios escolares y proteger a las familias y a las empresas que dependen de la normalidad del curso. Cuando una parte del conflicto decide boicotear una actividad esencial —las salidas escolares— sin asumir coste político alguno, quien gobierna debe actuar con firmeza, no con buenas intenciones.

El acuerdo de los 50 euros por pernoctación tampoco resuelve el problema estructural: el sector de las casas de colonias sigue sin reservas, los empresarios siguen cerrando y los trabajadores siguen siendo enviados a ERTE. La mediación no puede consistir en dar una salida parcial a un síntoma mientras la enfermedad —el veto a las actividades— sigue propagándose.

El coste real para las familias y el territorio

El perjuicio no se queda en las empresas. Las familias de Lleida son las principales damnificadas de este boicot. Muchas habían planificado, reservado e incluso pagado actividades que ahora quedan en el aire. Sus hijos se quedan sin excursiones, sin colonias, sin la posibilidad de aprender fuera del aula, de convivir con otros compañeros y de desarrollar competencias que no se adquieren entre cuatro paredes.

Werner Estellé lo ha dicho con claridad: se está poniendo en riesgo un modelo educativo “que reconoce el valor educativo de las excursiones y pernoctaciones”. No es un lujo ni un capricho. Las salidas escolares forman parte de un proyecto pedagógico que enseña responsabilidad, autonomía, convivencia y conocimiento directo del entorno. Las colonias y excursiones son espacios de libertad controlada, de relación cara a cara y de descubrimiento directo del territorio. Quitarlas no es neutral: es empobrecer la formación integral del menor. Privar a los alumnos de estas experiencias por un conflicto laboral es convertirlos en rehenes.

Además, el daño se extiende por todo el territorio. Muchos pueblos de las comarcas de Lleida viven, en parte, del turismo escolar y del ocio educativo. Cuando una casa de colonias cierra, no solo pierde su propietario: lo hacen también los proveedores locales, los transportistas, los pequeños comercios que abastecen a los grupos y los ayuntamientos que reciben ingresos y actividad. Es un efecto dominó que empobrece aún más un interior que ya lleva décadas pidiendo atención.

Lleida no puede pagar el pato del irresponsabilismo

Lleida no merece ser el campo de pruebas de una cultura del boicot que castiga al ciudadano por razones ajenas a su responsabilidad. Lo que estamos viendo no es una negociación laboral ordinaria; es una forma de chantaje que utiliza la educación de los menores como moneda de cambio y que deja en la calle a trabajadores del sector del ocio y del turismo educativo. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos quienes tienen encomendada la educación de nuestros hijos.

El irresponsabilismo de los sindicatos convive aquí con la pasividad de una Administración que parece más preocupada por no molestar a ciertos intereses que por defender el interés general. No se puede pretender que las casas de colonias, las familias y los empresarios asuman el coste de un conflicto que no les corresponde. El Departamento de Educación tiene las herramientas para garantizar la prestación del servicio, exigir el cumplimiento de los acuerdos y desactivar un boicot que vulnera los derechos de los alumnos.

Si quienes gobiernan no toman decisiones, el mensaje que lanzan es peligroso: cualquier colectivo con capacidad de interrumpir un servicio público puede imponer sus condiciones sin contrapeso. Esa no es la España de las normas, de la igualdad ante la ley y del respeto al ciudadano. Esa es la España quebrada por la presión de quienes confunden el activismo con el derecho a vetar la vida de los demás.

Perspectiva: un verano en juego

Si el boicot se mantiene, el próximo verano podría ser aún peor. Las reservas de primavera y verano se planifican con meses de antelación, y ningún empresario puede arriesgarse a mantener instalaciones abiertas sin garantías. Cada cierre de una casa de colonias, cada ERTE al cien por cien y cada familia que renuncia a una salida escolar representan un daño que no se recupera con un comunicado posterior de arrepentimiento.

Lleida necesita que las autoridades educativas dejen de mirar hacia otro lado. Necesita que se respeten los compromisos adquiridos, que se garanticen las actividades escolares y que se proteja a un tejido empresarial que no pide privilegios, sino únicamente que no le corten las piernas por capricho. La ciudad, español y constitucionalista, no puede permitir que un puñado de sindicatos decida qué pueden o no pueden hacer sus hijos en el colegio.

El tiempo corre en contra de las familias y de las empresas. Si no se restablece el orden, Lleida recordará quiénes sacrificaron su economía, su empleo y la educación de sus menores en el altar de una intransigencia que ya ha demostrado sobradamente su capacidad de destrucción.