El juicio del caso Carreteras arrancó este lunes en la Audiencia de Lleida. Dos instructores del Área Central de Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra ocuparon la sala para explicar cómo, a raíz de las escuchas de otra investigación, llegaron hasta el jefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, Jordi Benet. Los empresarios investigados tenían el teléfono intervenido. En esas conversaciones aparecían referencias a entregas de sobres. «Por ejemplo, hacían referencia a entregas de sobres a Benet», declararon los agentes ante el tribunal.

La vista oral puede alargarse dos semanas.

El caso Carreteras y las escuchas que lo destaparon

El origen de esta pieza separada está en otra causa. El caso Boreas, sobre presunta corrupción en la Diputación de Lleida entre 2011 y 2018, puso el foco sobre una red de intereses en torno a la institución provincial. Fue al hilo de aquellas diligencias, y de las escuchas telefónicas practicadas a los empresarios investigados, cuando los instructores de Anticorrupción detectaron lo que, según su versión, era un segundo frente: la manipulación de adjudicaciones de obras viarias a cambio de dinero.

Los agentes relataron al tribunal que recabaron numerosos indicios «con visos de ser delito». Describieron un patrón, no un episodio aislado. Y hablaron de una relación que iba más allá de lo profesional. Los regalos que recibía el jefe de Carreteras por parte de los empresarios, dijeron, «sobrepasaban lo que podía ser un detalle de cortesía». Uno de los instructores lo resumió en una frase: «Tenían una relación íntima con capacidad de influencia sobre él».

Esa influencia es lo que el juicio debe dilucidar. No está en juego únicamente si hubo sobres. Está en juego si quien decidía qué carretera se arreglaba y qué empresa la arreglaba lo hacía bajo el peso de quienes aspiraban a ejecutar la obra.

Cinco acusados y penas que superan los veinte años

El banquillo tiene cinco ocupantes. El primero, Jordi Benet, que fue durante más de veinte años jefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida. Le acompañan una hija suya, el exjefe de Conservación de esa misma delegación (identificado en la causa como B.C.R.M.) y dos empresarios de la constructora leridana MJ Gruas.

Las peticiones de pena marcan la gravedad que la Fiscalía atribuye a los hechos. Para Benet reclama 12 años de prisión y 37 de inhabilitación. Para los dos empresarios, 13 años de cárcel y sendas multas de más de un millón de euros. Para la hija de Benet y para el exjefe de Conservación, 4 años a cada uno. La acusación particular que ejercen otros socios de la constructora sube el listón: 20 años de cárcel para Benet y 15 para los dos empresarios acusados.

La diferencia entre ambas acusaciones no es un detalle menor. Que los propios socios de MJ Gruas se hayan personado contra los empresarios acusados dibuja un conflicto interno en la constructora. La primera sesión se dedicó a las cuestiones previas y a las declaraciones de los Mossos. Los acusados declararán al final de la vista.

El origen: el caso Boreas

Que una investigación nacida en el entorno de la Diputación haya desembocado en un juicio sobre la gestión de carreteras de la Generalitat muestra hasta qué punto ambos mundos compartían espacios, empresas y personas. Entre la Diputación de Lleida y la delegación de Carreteras de la Generalitat hay un hilo que este juicio pone a la vista: los mismos empresarios, los mismos espacios y las mismas personas. La causa que ahora se sienta en la Audiencia nació de aquel sumario y creció con las conversaciones intervenidas.

La constructora MJ Gruas aparece en el centro de esta pieza. Es leridana, opera en el mercado de obra pública de la provincia y dos de sus empresarios se sientan ahora en el banquillo con peticiones de pena que superan los trece años de prisión. Que otros socios de la misma empresa ejerzan la acusación particular añade un elemento poco habitual: parte de la constructora reclama responsabilidad a quienes la dirigían.

Dinero público y obra viaria en la provincia

El caso Carreteras no es un asunto abstracto. Habla de adjudicaciones de obra pública viaria en la provincia de Lleida, es decir, de dinero de todos. Cada sobre que la acusación sitúa encima de una mesa se corresponde, si el relato judicial se confirma, con una decisión administrativa que debía regirse por criterios técnicos. La conservación y construcción de carreteras es una de las partidas que más directamente nota el ciudadano: afecta a la seguridad de los trayectos, al estado del firme y a los tiempos de desplazamiento entre comarcas.

Las adjudicaciones de obra viaria mueven contratos que se pagan con impuestos. Si la acusación acierta, ese dinero no acabó en la mejor oferta. Acabó en la empresa dispuesta a pagar por el encargo. El perjuicio se mide en euros, pero también en obras adjudicadas por criterios que no eran técnicos.

Que el presunto mecanismo operara durante años en una delegación territorial de Carreteras añade otra pregunta: cómo pudo sostenerse tanto tiempo sin que los mecanismos de fiscalización lo detectaran antes. La respuesta está, en parte, en el origen del caso. Lo destaparon unas escuchas telefónicas de otra investigación, no una auditoría.

Lo que queda por escuchar

El juicio se alargará previsiblemente dos semanas. Los Mossos ya han puesto voz al relato de la acusación. Falta lo más delicado: escuchar a los acusados. Benet y los dos empresarios de MJ Gruas tendrán que responder a la pregunta central, si hubo entregas de sobres a cambio de adjudicaciones o si todo se reduce a una relación personal y a regalos.

La sentencia, cuando llegue, no cerrará el caso Boreas. Sí fijará un criterio sobre dónde está la frontera entre el trato con los empresarios y la corrupción en la gestión de la obra pública. En una provincia donde las carreteras conectan a los ciudadanos con los servicios, ese criterio importa. Lo que se decide estos días en la Audiencia de Lleida va más allá de cinco nombres. Afecta a la manera en que se decidió durante años qué se construía y quién lo construía con el dinero de todos.