La frontera sur arde y el Govern mira hacia otro lado

Cuando la presión migratoria desborda una ciudad española, la Generalitat calla y el Estado actúa: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han logrado que miles de personas retornen a Marruecos en poco más de un día. La cifra, facilitada por los cuerpos policiales y recogida por La Mañana, no admite matices. Entre el jueves y el viernes, Ceuta vivió un asedio humano sin precedentes.

Pero mientras la frontera sur hervía, la Generalitat de Catalunya, gobernada por Salvador Illa, mantenía una agenda bien distinta: la conmemoración de la oficialidad del occitano en el Parlament. La desconexión entre la gravedad real del problema y las prioridades del Govern no es un detalle menor. Es un síntoma. Y en Lleida, ni una sola medida anunciada.

La cifra que nadie discute: miles de retornos en 30 horas

Los datos publicados por La Mañana no dejan espacio a la interpretación: miles de personas han cruzado de vuelta a Marruecos desde Ceuta en las últimas 30 horas, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La operación, que comenzó a estabilizarse este sábado, ha conseguido revertir una entrada masiva que se produjo en apenas dos jornadas.

La magnitud del fenómeno es difícil de asimilar: miles de personas constituyen una ciudad entera apareciendo de golpe en una frontera. La capacidad logística para gestionar ese volumen humano en 30 horas —entre devoluciones, identificación y control— habla de un dispositivo policial que ha funcionado, aunque a costa de una presión extrema sobre los efectivos desplegados.

El artículo de opinión «La «devolució» d’estrangers», también publicado por La Mañana, subraya la complejidad jurídica y humana del fenómeno. No se trata solo de números: detrás de cada retorno hay una historia de necesidad, de empuje migratorio que las autoridades marroquíes no contienen con la eficacia que los acuerdos bilaterales exigirían. Pero la realidad es tozuda: la frontera se ha defendido, y el Estado ha respondido.

El silencio de la Generalitat: occitano sí, seguridad no

Aquí es donde la noticia deja de ser un problema del sur peninsular para convertirse en una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos de Lleida. La Generalitat de Catalunya, gobernada por Salvador Illa, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre medidas concretas para Catalunya ante esta crisis. Ni un comunicado, ni una propuesta, ni una convocatoria de la Junta de Seguridad.

Mientras Ceuta vivía su peor fin de semana en décadas, el Parlament de Catalunya conmemoraba la oficialidad del occitano en el Valle de Arán. Una lengua que, con todos los respetos hacia su patrimonio cultural, no deja de ser un símbolo identitario gestionado desde la óptica del nacionalismo lingüístico. La pregunta es inevitable: ¿qué prioridad tiene la seguridad de las fronteras españolas para un Govern que dedica sus esfuerzos institucionales a la simbología identitaria?

La respuesta, a la vista de los hechos, es desoladora. El independentismo catalán, que durante años ha reclamado competencias en materia migratoria, ha demostrado que su interés por el fenómeno es inversamente proporcional a la distancia geográfica: mucho discurso cuando se trata de acoger, ningún plan cuando se trata de gestionar la presión real.

Lleida ya conoce la presión migratoria

Lleida no es ajena a este fenómeno. La provincia ha sido durante décadas destino de migración irregular, especialmente en el sector agrícola de la fruta dulce. Cada verano, la campaña de recogida de melocotones y peras atrae a cientos de trabajadores en situación administrativa irregular, muchos de ellos procedentes del Magreb. La presión sobre los servicios sociales municipales, la sanidad pública y la seguridad ciudadana es una constante que los alcaldes de la provincia conocen bien.

La crisis de Ceuta no es un episodio aislado: es la punta del iceberg de un fenómeno estructural que el Estado español gestiona con dificultad y que las comunidades autónomas, con competencias en acogida e integración, abordan de forma desigual. Catalunya, con su agencia de acogida y su red de servicios sociales, tiene herramientas para actuar. Pero la voluntad política brilla por su ausencia.

El contraste es aún más sangrante si se compara con la actitud de otras administraciones. Mientras el Ministerio del Interior coordinaba la operación de devolución en Ceuta, la Generalitat no ha ofrecido ni un centro de acogida adicional, ni un plan de contingencia, ni una propuesta de coordinación. El silencio administrativo es, en sí mismo, una declaración de intenciones.

La gestión de la frontera: un éxito del Estado que nadie reconoce

Conviene subrayar lo que sí ha funcionado. La operación de retorno de miles de personas en 30 horas no es un fracaso: es un éxito operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y las autoridades marroquíes ha permitido revertir una situación que, en otros países europeos, habría generado una crisis humanitaria de dimensiones incalculables.

La pregunta incómoda es: ¿cuánto tiempo puede sostenerse este modelo? La devolución exprés resuelve el síntoma, pero no la causa. Las personas que han retornado a Marruecos volverán a intentarlo. Y mientras la presión migratoria siga creciendo, la frontera de Ceuta y Melilla seguirá siendo un punto de tensión permanente.

La seguridad no es ideología

El debate migratorio en España está secuestrado por una falsa dicotomía: o se es solidario o se es duro. La realidad, como demuestra la crisis de Ceuta, es más compleja. La solidaridad mal entendida genera colapso de los servicios públicos y rechazo social. La dureza mal aplicada genera vulneración de derechos humanos y deterioro de la imagen internacional.

La gestión responsable, la que exigen los ciudadanos de Lleida y del resto de España, pasa por un control fronterizo efectivo, una política de devoluciones ágil y una integración real de quienes llegan con papeles. Esa es la posición que defienden VOX y PP en sus programas, y que el constitucionalismo catalán debería hacer suya sin complejos.

Mientras la Generalitat siga más pendiente del occitano que de la seguridad, los ciudadanos de Lleida seguirán pagando las consecuencias de una gestión migratoria que se improvisa cuando la crisis estalla y se olvida cuando las cámaras se apagan. Ceuta ha resistido. Pero la próxima vez puede ser Tarragona, puede ser Lleida, puede ser cualquier punto de una frontera que, en realidad, es de todos. El Govern debería tomar nota. La historia no perdona la indiferencia.