El gobierno municipal de Lleida lleva al pleno la ordenanza que veta el burka. El texto entra en el salón de plenos con el PSC a favor, con PP, ERC y Comú en contra y con Junts y Vox en la abstención. Seis grupos municipales, tres posiciones y un único respaldo declarado para la norma.

La información la publicó Segre el 16 de septiembre de 2026. Cuatro medios han coincidido en el relato, sin diferencias sobre quién queda en cada lado de la votación.

Quién vota qué en la ordenanza del burka

Seis grupos, seis líneas. El PSC, a favor. PP, en contra. ERC, en contra. Comú, en contra. Junts, abstención. Vox, abstención.

La foto deja al PSC como único defensor de la ordenanza, que llega al pleno impulsada por el gobierno municipal. Enfrente, tres grupos con recorridos propios que coinciden en la misma respuesta: no.

Junts y Vox escogen una tercera vía. No apoyan la norma junto al PSC ni se suman al rechazo de los otros tres grupos. Una abstención no engrosa el sí ni el no: aparta a quien la practica del resultado y deja el peso de la votación en los demás.

El reparto queda así: uno a favor, tres en contra y dos en la abstención.

Larrosa defiende la ordenanza del burka

Larrosa ha salido a defender el texto. Lo ha hecho con dos argumentos. El primero: la ordenanza no ataca la libertad religiosa. El segundo: «hay mujeres recluidas en casa».

La ordenanza veta el burka. Ese es el objeto de la norma que llega al pleno.

Lo que se decide en el pleno de Lleida

El pleno tiene la ordenanza sobre la mesa, y ahí se decide su suerte. El PSC comparece con un solo apoyo: el suyo. Tres grupos votan en contra. Dos se quedan al margen de los dos bloques.

Para los vecinos de Lleida, el desenlace tiene una traducción inmediata: la ciudad contará o no con una ordenanza que veta el burka, según lo que decidan sus representantes municipales.

La ordenanza que veta el burka espera el voto con el PSC como único defensor. Larrosa ya ha puesto su argumento encima de la mesa: la norma no ataca la libertad religiosa. Y ha añadido una frase: «hay mujeres recluidas en casa».

El trámite previo y las discrepancias de la oposición

La nueva normativa urbanística y de civismo no logró superar con éxito el examen de la comisión informativa. En este primer paso, el Partido Socialista de Cataluña se quedó completamente solo defendiendo la medida con su voto favorable, mientras que los representantes del Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya y el Comú se posicionaron en contra. Por su parte, los concejales de Junts y Vox optaron por la abstención. A pesar de este freno en el trámite inicial, el equipo de gobierno del ayuntamiento ha decidido mantener sus planes y elevar la propuesta de normativa directamente al pleno municipal previsto para el viernes 25 de septiembre. La intención del ejecutivo local es buscar los consensos necesarios durante los próximos días que permitan desbloquear la situación y conseguir una aprobación definitiva en la sesión plenaria.

Las críticas por parte de los grupos de la oposición no se han hecho esperar, reflejando un clima de notable tensión política en el consistorio leridano. Desde el Partido Popular, el principal grupo de la oposición encabezado por Xavi Palau, se ha justificado la negativa a apoyar el texto argumentando que el ejecutivo local únicamente ha incorporado un porcentaje inferior al diez por ciento de las enmiendas que su formación había presentado. Palau ha manifestado duras críticas hacia la gestión del equipo socialista, calificando sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana y civismo como un completo desbarajuste y una improvisación continuada. El dirigente popular ha sostenido que los socialistas carecen de la credibilidad necesaria para sacar adelante este tipo de normativas restrictivas, poniendo como ejemplo el día a día en las calles de la capital del Segrià, y ha exigido un cambio de rumbo para evitar que la situación empeore con cada nueva resolución gubernamental.

En una línea similar de oposición frontal, la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Jordina Freixanet, ha reclamado directamente la retirada del documento actual. Los republicanos han instado al gobierno municipal a redactar una nueva propuesta que sea exigente y transparente frente al incivismo, pero que al mismo tiempo evite caer en el error de vincular o confundir situaciones de vulnerabilidad social, extrema pobreza o sinhogarismo con conductas incívicas sancionables en el espacio público.

Detalle del articulado y régimen sancionador de la nueva norma cívica

La propuesta normativa que se someterá a debate en el pleno municipal introduce modificaciones y actualizaciones sustanciales respecto a la ordenanza vigente desde el año 2007. El texto incorpora un cuadro de sanciones actualizado y diversificado en tres grados diferentes según la gravedad de los actos cometidos por los ciudadanos. Las infracciones de carácter leve contemplan sanciones económicas que se mueven en una horquilla de entre 400 y 750 euros. Las infracciones calificadas como graves elevan la cuantía de las multas desde los 751 euros hasta alcanzar los 1.500 euros. Finalmente, las infracciones consideradas muy graves prevén castigos pecuniarios que oscilan entre los 1.501 y los 3.000 euros.

Durante la presentación de las medidas, las tenientes de alcalde Cristina Morón y Carme Valls detallaron algunos aspectos clave del régimen punitivo. Morón incidió especialmente en el tratamiento de la reincidencia de los infractores. Según lo estipulado en la normativa, si un ciudadano comete una falta de carácter leve y vuelve a incurrir en la misma conducta infractora en un plazo inferior a dos años, dicha infracción será automáticamente recualificada como grave, incrementando consecuentemente la sanción económica aplicable.

A modo explicativo para ilustrar la aplicación práctica de la ordenanza, el ayuntamiento enumeró diversas conductas prohibidas y sus correspondientes castigos económicos. Acciones tan cotidianas como orinar o defecar en la vía pública pasarán a ser sancionadas con multas comprendidas entre los 501 y los 600 euros. La práctica del consumo de alcohol en la calle de forma desatendida, comúnmente conocido como botellón, acarreará multas de entre 400 y 500 euros. Asimismo, generar ruidos molestos durante el horario nocturno se penalizará con importes que van desde los 601 hasta los 750 euros, mientras que la solicitud de servicios sexuales en la vía pública se castigará de manera más severa con multas que oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros. Para facilitar el control y la respuesta municipal ante estas situaciones, el gobierno local prevé la puesta en marcha de un canal de comunicación directo destinado a que la ciudadanía pueda reportar conductas incívicas y permitir así una intervención más ágil de la administración local.

El veto al rostro cubierto y la justificación del alcalde Fèlix Larrosa

El núcleo central de la controversia recae sobre el artículo 12 de la normativa propuesta, el cual establece de manera explícita que quedará prohibido portar cualquier clase de prenda, indumentaria o elemento textil que oculte totalmente el rostro en el conjunto de los espacios públicos de la ciudad. El veto afecta de lleno al uso del burka y del niqab, aunque la propia redacción del articulado contempla excepciones concretas. La prohibición no será de aplicación en el interior de los recintos destinados al culto religioso, ni tampoco en aquellos emplazamientos donde resulte habitual cubrirse la cara debido a costumbres sociales debidamente aceptadas, o bien cuando el uso de dicha indumentaria responda de manera directa al legítimo ejercicio de un derecho fundamental amparado por el ordenamiento jurídico.

Antes de proceder a la imposición efectiva de cualquier sanción pecuniaria, que tal como se ha especificado se situará entre los 400 y los 750 euros al tratarse de una falta de carácter leve, la normativa establece un paso previo obligatorio consistente en advertir formalmente al ciudadano sobre la existencia de esta prohibición municipal en la vía pública.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha querido contextualizar la medida recordando un precedente histórico en el consistorio. El regidor ha señalado que la Paeria ya intentó sin éxito prohibir el uso del burka en las calles de la ciudad en el año 2010. No obstante, Larrosa ha matizado la diferencia fundamental entre ambos momentos temporales: mientras que en aquella ocasión anterior se argumentaron exclusivamente motivos vinculados a la seguridad ciudadana, el planteamiento actual defendido por su ejecutivo se fundamenta prioritariamente en la defensa de los derechos de las mujeres.

Para reforzar su postura, el alcalde ha apuntado que municipios cercanos como Cervera llevan aplicando esta misma prohibición desde hace década y media, y ha asegurado que el texto del artículo en cuestión ha sido exhaustivamente revisado por los servicios jurídicos y diversos expertos legales del ayuntamiento. En su argumentación pública, Larrosa ha remarcado que no existe ningún precepto en el texto sagrado del Corán que obligue a las mujeres a cubrirse el rostro, calificando esta práctica más bien como una mera tradición cultural. Con rotundidad, el alcalde ha afirmado que desde el gobierno municipal no desean que ninguna persona transite por las calles de la ciudad ni completamente desnuda ni con el rostro totalmente tapado.

Plan socioeducativo y contexto de seguridad en la ciudad

Además de la vertiente estrictamente prohibicionista y sancionadora de la ordenanza, el equipo de gobierno ha querido incorporar medidas de carácter asistencial y preventivo para proteger a las personas afectadas. En este sentido, la teniente de alcalde Carme Valls ha anunciado el despliegue paralelo de un plan de acción de naturaleza socioeducativa. El objetivo principal de esta iniciativa institucional es evitar que aquellas mujeres que se encuentren en situaciones de coacción u obligación para llevar el velo integral sufran una situación de aislamiento social. El plan pretende habilitar entornos seguros donde estas mujeres tengan la oportunidad de socializar, adquirir nuevos aprendizajes y recibir un acompañamiento integral por parte de los servicios municipales.

La tramitación de esta ordenanza municipal coincide en el tiempo con episodios de tensión en las calles de Lleida que mantienen la atención de los cuerpos de seguridad y de la opinión pública. Sin ir más lejos, el centro de la capital del Segrià ha sido escenario reciente de un altercado multitudinario de carácter violento. Una reyerta con la participación de varios implicados registrada en las primeras horas de la mañana dejó un balance inicial de seis personas heridas. Cinco de los afectados sufrieron lesiones producidas por el uso de armas blancas, mientras que la sexta víctima necesitó atención médica a consecuencia de diversas contusiones.

Los Mossos d’Esquadra pusieron en marcha de manera inmediata una investigación policial para esclarecer todos los detalles del enfrentamiento e identificar a los autores materiales de las agresiones. Desde el cuerpo policial se ha indicado que el recuento de víctimas podría no ser definitivo, sin descartar la aparición de nuevos afectados a medida que avancen las diligencias de la investigación abierta sobre este episodio violento que ha sacudido la actualidad local de Lleida en los últimos días.