La Agencia Tributaria revocó el 3 de junio de 2020 el número de identificación fiscal de Adaix de Negocios SL, la sociedad que explotó la discoteca Larida en el Turó de Gardeny gracias a una concesión de la Paeria. En ella figuró Sergi Vélez Viola, pareja de la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, primero como administrador único y después como apoderado. Lo ha publicado este viernes ESdiario, y el Boletín Oficial del Registro Mercantil lo confirma: el número del 30 de octubre de 2020 recoge, en la sección de Lleida, el «Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF» de Adaix de Negocios, inscrito el 22 de septiembre.

Es la misma sociedad a la que el Gobierno municipal de Àngel Ros modificó en junio de 2014 las condiciones de la concesión por un importe de 281.783 euros, según ESdiario, cuando Mínguez llevaba el área económica del Ayuntamiento y la empresa arrastraba impagos con la Paeria.

Lo que dice el Registro Mercantil

El rastro de Adaix en el boletín oficial cabe en tres anuncios, y los tres llevan los mismos datos registrales: tomo 1177 y hoja L 23375 del Registro Mercantil de Lleida.

El primero es del 10 de agosto de 2009. Recoge el nombramiento de Sergi Vélez Viola como apoderado de Adaix de Negocios, inscrito el 27 de julio de ese año. El mismo número publica otros dos actos de la sociedad del mismo día: un cambio de administrador único y el traslado del domicilio social a la rambla Ferran de Lleida.

El segundo es del 10 de octubre de 2017. El Registro anota el «Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas», inscrito el 27 de septiembre de 2017. Mientras dura esa situación, la sociedad tiene importantes restricciones para inscribir nuevos actos, según ESdiario.

El tercero es el del 30 de octubre de 2020, con la revocación del NIF. ESdiario reconstruye la secuencia: la Agencia Tributaria acordó la revocación el 3 de junio de 2020, la medida se publicó administrativamente el 27 de julio, el Registro Mercantil de Lleida practicó el cierre provisional de la hoja el 22 de septiembre y el boletín lo publicó el 30 de octubre.

El anuncio de 2020 no aparece solo. Ese número del boletín incluye, en la misma sección de Lleida, una larga lista de cierres provisionales por revocación del NIF de otras sociedades de la provincia, inscritos el mismo 22 de septiembre.

Lo que el anuncio no explica

El boletín no dice por qué Hacienda revocó el número fiscal de Adaix. ESdiario lo subraya: el anuncio oficial no revela qué irregularidad provocó la decisión, aunque la causa debe constar en el expediente administrativo.

Según ese diario, el artículo 147 del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria permite a Hacienda revocar el NIF de una sociedad por causas como declarar actividades inexistentes, facilitar un domicilio fiscal falso, no iniciar realmente la actividad o incumplir determinadas obligaciones tributarias, y esas causas deben acreditarse en el procedimiento. La revocación dificulta la operativa bancaria, impide determinados trámites y provoca el cierre de la hoja registral.

Del cierre de 2017, ESdiario explica que la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé la baja provisional en el índice cuando la Administración declara fallidos determinados débitos tributarios o cuando una empresa no presenta el impuesto durante tres períodos consecutivos. Tampoco ese anuncio precisa cuál de las dos causas se dio en el caso de Adaix.

Quién era quién en Adaix

Según The Objective, Adaix de Negocios se creó a mediados de enero de 2009 e inició sus operaciones solo dos semanas antes de que la Paeria pusiera en marcha el concurso de las actividades de ocio del Turó de Gardeny. El concurso se abrió el 30 de enero de 2009, según Nació Digital. Se presentaron cuatro empresas y lo ganó Adaix.

Las fechas del paso de Vélez por la administración no coinciden del todo entre los medios. ESdiario sitúa su nombramiento como administrador único el 10 de marzo de 2009 y su salida el 23 de marzo. The Objective dice que se convirtió en administrador único en marzo de 2009, cuando ya se conocía el proyecto, y que permaneció en el cargo hasta el 1 de abril. Los dos coinciden en lo que publica el boletín: en agosto de 2009 fue nombrado apoderado.

The Objective añade dos datos sobre la etapa de la adjudicación. En mayo de 2009, cuando la Paeria adjudicó la concesión, Mínguez era segunda teniente de alcalde y responsable del área de Economía. Y Vélez, según ese digital, ha sido administrador único de la sociedad y continúa como apoderado.

En octubre de 2011 la empresa cambió de administrador único y trasladó su domicilio social a Zona Park de Gardeny, el mismo emplazamiento del complejo que explotaba, según ESdiario.

Lo que pagaba Adaix y lo que dejó de pagar

El contrato fijaba un canon anual de 240.000 euros, sin IVA, y otros 30.000 euros al año para pagar los servicios de la Guardia Urbana, según Nació Digital y ESdiario. ESdiario cifra en 270.000 euros anuales las obligaciones ordinarias de la concesionaria. La concesión era por tres años, con dos prórrogas posibles de un año cada una. Además, Adaix debía hacerse cargo de una plantación de árboles y depositar una garantía adicional de 161.655 euros para el posible derribo del Excess, el edificio que levantó como discoteca de invierno, según Nació Digital.

Los problemas empezaron en 2012, según el relato que Nació Digital publicó en marzo de 2015. El contrato terminaba ese año y el Ayuntamiento comprobó que la empresa tenía una deuda acumulada que hacía inviable la prórroga que pedía. El área de Concesiones propuso aceptarla con una condición: que Adaix pagara 157.530 euros de canon, Guardia Urbana y electricidad, más los 161.655 euros de la garantía. La prórroga se aprobó hasta el 2 de junio de 2013.

En 2013 las facturas siguieron acumulándose. La Paeria fraccionó los pagos, la empresa los atendió en parte el 3 de junio y se abrió la puerta a una última prórroga, hasta el 2 de junio de 2014.

El correo de Mínguez y el decreto de Ros

En el último verano de la concesión, la empresa debía 320.000 euros más los 161.655 de la garantía, según el informe de la Fiscalía al que tuvo acceso Nació Digital. En un correo del 25 de marzo de 2014, la entonces concejal de Economía, Montse Mínguez, admitía que Adaix no había pagado nada de 2013 y que se había fraccionado la deuda para facilitar el pago, según ese medio.

Ros trasladó entonces al secretario general de la Paeria la conveniencia de que la concesión no terminara, según Nació Digital. El secretario propuso modificar el contrato por razones de interés público. Un informe de la concejalía de Turismo del 10 de abril de 2014 sostuvo que la ciudad no podía prescindir de aquel equipamiento por motivos de cohesión y paz social.

El 20 de mayo de 2014, un informe económico situaba las deudas pendientes en 276.539 euros, según Nació Digital y ESdiario. La Paeria amplió la concesión entre el 3 de junio y el 2 de octubre de 2014, con un canon proporcional de 83.315,75 euros sin IVA a pagar por adelantado y con la condición de que la empresa saldara lo pendiente. Según ESdiario, el 7 de junio trascendió el cierre temporal de las instalaciones por los impagos, una decisión que la empresa recurrió.

El 11 de junio de 2014, Ros firmó el decreto que modificó las obligaciones económicas de Adaix, según ESdiario. La revisión se cuantificó en 281.783 euros y tenía dos partes:

  • 161.655 euros de la garantía adicional para el derribo. El Ayuntamiento justificó la exención en la decisión de conservar el edificio de invierno para posibles usos culturales.
  • Unos 120.128 euros de rebaja de los cánones. La Paeria la fundamentó en que la empresa no había podido disponer de 2.672,39 metros cuadrados de superficie por las obras del Fruitcentre.

La firma del decreto correspondió al alcalde, mientras que Mínguez figuraba en el ámbito de la gestión económica municipal vinculada a los impagos, según ESdiario.

La denuncia de Marta Camps

En diciembre de 2014, la entonces primera teniente de alcalde, Marta Camps, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la concesión y la explotación del complejo, según The Objective. La exconcejal socialista acusó al Ayuntamiento de hacer «un traje a medida» para la empresa vinculada a la pareja de Mínguez, que culminó con la exoneración de casi 300.000 euros.

Ros cesó a Camps en febrero de 2015 y Mínguez ascendió a primera teniente de alcalde, el puesto que dejaba vacante Camps, según The Objective.

El 5 de marzo de 2015, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción entraron en la Paeria para buscar información sobre un presunto trato de favor del Ayuntamiento a Adaix de Negocios, según Nació Digital y The Objective. La Fiscalía archivó la causa en octubre de 2015 porque no había podido demostrar corrupción en la gestión, según The Objective.

Camps fue expulsada del PSOE y siguió defendiendo que el exalcalde mantuvo «actitudes poco éticas con los gastos públicos», según el mismo medio.

Después de Larida

Tras el archivo, la sociedad entró en la etapa que documenta el boletín. En 2017, Hacienda la dio de baja en el Índice de Entidades Jurídicas. En julio de 2018 la empresa todavía convocó una junta general extraordinaria para el 20 de agosto, con la dimisión y el nombramiento de su administrador único en el orden del día, según ESdiario. En junio de 2020 llegó la revocación del NIF.

ESdiario resume así el vínculo: el de Vélez con la sociedad consta en los nombramientos mercantiles de 2009, y la intervención administrativa atribuida a Mínguez se sitúa en la tramitación de las cantidades pendientes durante su etapa como responsable económica municipal.

Lo que no consta

  • Por qué se revocó el NIF. Ni el anuncio de 2017 ni el de 2020 explican la causa concreta.
  • Si Vélez seguía siendo apoderado en 2020. El boletín recoge su nombramiento en 2009, y The Objective afirma que continúa como apoderado. En el material consultado no aparece ningún anuncio de revocación de ese poder.
  • Si Adaix llegó a pagar a la Paeria lo que debía cuando terminó la última ampliación, en octubre de 2014.
  • La versión de los afectados. ESdiario no recoge ninguna respuesta de Montse Mínguez ni de Sergi Vélez sobre la revocación del NIF.

Fuentes y verificación

Los tres anuncios del Registro Mercantil se han comprobado en el boletín oficial. El correo del 25 de marzo de 2014, el informe de la Fiscalía y el decreto del 11 de junio de 2014 no se han consultado en su original: se citan según Nació Digital y ESdiario.