El próximo lunes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lleida celebrará una vista que condensa buena parte de lo que está fallando en la gestión municipal de la capital del Segrià. La plataforma Lleida contra la MAT reclama la nulidad de la licencia de obras que la Paeria de Larrosa concedió a finales de 2024 para la línea de evacuación del macroparque solar de Alcarràs, una infraestructura ya en funcionamiento que discurre a apenas diez metros de algunas viviendas del Huerto de Lleida. El caso no es una querella ecológica más: es un examen directo al respeto del planeamiento urbanístico, a la coherencia del gobierno local y a la factura que acabarán pagando los vecinos cuando el Ayuntamiento decide ignorar los informes de sus propios técnicos.

La vista del lunes: un recurso contra el permiso municipal

El contencioso se ventilará en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lleida el lunes próximo, según ha informado La Mañana. A la vista han sido citados una quincena de técnicos municipales que deberán aclarar qué informes elaboraron sobre el trazado de la línea eléctrica y qué uso hicieron de ellos quienes firmaron la licencia. El recurrente, la plataforma Lleida contra la MAT, pide que el juzgado declare nula la licencia de obras otorgada por la Paeria.

El objeto del recurso es preciso: la línea de evacuación aérea que une los parques fotovoltaicos de Alcarràs con la red eléctrica. Según la plataforma, ese trazado no se ajusta al planeamiento municipal vigente, que para el Huerto de Lleida exige que las líneas eléctricas vayan soterradas o, en su defecto, que se aprovechen los corredores de infraestructuras ya existentes. En lugar de cumplir esa norma, el consistorio autorizó una instalación aérea de cables y torres que pasa a escasos metros de hogares. La sentencia que se dicte no solo dirimirá si el permiso era legal: marcará si en Lleida el planeamiento sigue valiendo algo o puede doblegarse ante la presión de un gran proyecto energético.

Que el tribunal haya citado a una quincena de empleados municipales no es un detalle menor. Revela que el expediente contiene informes técnicos, correcciones y avisos que alguien en la cadena de mando decidió obviar. Cuando una administración tiene que justificar ante la justicia por qué sus propios técnicos no fueron escuchados, el problema ya no es solo urbanístico: es de orden institucional. La plataforma no pide la imposible: pide que se cumpla el planeamiento que el propio Ayuntamiento aprobó.

Los informes que el gobierno local metió en un cajón

La contradicción más grave del expediente no está en la alegación de la plataforma, sino en los propios papeles del Ayuntamiento. Los servicios técnicos municipales informaron en 2022 y de nuevo en 2023 de que el trazado propuesto incumplía el planeamiento. En sus informes reclamaron que la línea se soterrara, sobre todo en el tramo del Huerto, para alejarla de las viviendas y preservar el entorno del mirador de Rufea.

Es decir, el consistorio sabía desde hace más de dos años que la opción aérea era contraria a las normas urbanísticas. Sin embargo, a finales de 2024 la Paeria concedió la licencia. Esa secuencia deja pocas dudas: no fue un error administrativo inadvertido, sino una decisión política tomada a sabiendas de que contradecía los informes técnicos. La defensa de la legalidad no puede depender de la voluntad del gobierno de turno; si el planeamiento se puede saltar cuando interesa, ninguna norma protege a los ciudadanos.

Pilar Sanvicén, secretaria de Lleida contra la MAT, ha recordado que una línea eléctrica se puede desmontar y que la legalidad no caduca cuando se acaban las obras. Esa afirmación desmonta el argumento complaciente de que, como la instalación ya está montada y funcionando, lo sensato es dejarla como está. La justicia administrativa existe precisamente para corregir abusos ejecutados, no solo para parar proyectos futuros.

El daño no se limita a una torre mal colocada. Se extiende a la confianza que los vecinos deben poder depositar en los informes municipales. Los técnicos advierten, informan y alertan; si después un político firma igual, los funcionarios quedan desautorizados y el ciudadano se queda sin escudo. Cuando los informes internos se convierten en papel sin valor, la administración deja de ser un garante de la legalidad para convertirse en un obstáculo.

Diez metros y 1,8 kilómetros de cable aéreo

El complejo fotovoltaico de Alcarràs se proyecta sobre unas 800 hectáreas, de las cuales 654 ya están ejecutadas; aún quedan dos parques por materializar. Sus líneas de evacuación suman unos 27 kilómetros entre Alcarràs, Albatàrrec y Lleida. Gracias a las alegaciones presentadas, el 60 % del recorrido se ha logrado soterrar, un dato que demuestra que la alternativa técnica existía y que la presión vecinal sirvió para algo.

Pero el tramo conflictivo, el del Huerto de Lleida, sigue siendo aéreo durante 1,8 kilómetros y discurre a tan solo diez metros de algunas casas. No se trata de una línea lejana en un campo vacío: es una infraestructura de alta tensión al borde mismo de patios y ventanas. La plataforma sostiene que la Paeria podía haber evitado ese paso aprovechando infraestructuras existentes y acercándose al corredor de la alta velocidad, en lugar de atravesar el Huerto con torres y cables aéreos.

La comparación entre el 60 % soterrado y el tramo aéreo restante —concentrado en la zona más próxima a las viviendas— es especialmente irritante. Donde los afectados pudieron organizarse y exigir, la línea se enterró. Donde la administración contó con más margen de maniobra, optó por la solución más rápida y más lesiva para el entorno. Esa lógica premia la pasividad ciudadana y castiga a quienes confiaron en que el Ayuntamiento cumpliría la norma.

Adrià Drago, presidente de Lleida contra la MAT, ha dejado claro que la oposición no es al paso de la línea por el término municipal, sino a que lo haga causando daño de estas maneras. Esa distinción importa: los vecinos no se oponen al desarrollo energético ni a la modernización de las redes, sino a que su barrio, su paisaje y su seguridad sean sacrificados por una opción más barata o más rápida para el promotor. Drago también ha calificado de despropósito destinar tierras fértiles y productivas a estas grandes infraestructuras, una reflexión que pone el dedo en la llaga de un modelo que convierte el campo en mero soporte de cables y placas.

¿Quién paga ahora la chapuza?

Si el juzgado declara nula la licencia, la pregunta inmediata es cómo se corrige una obra que ya está en funcionamiento. Las opciones son pocas y todas caras: desmantelar el tramo aéreo, soterrarlo donde exige el planeamiento o reubicarlo por un corredor que no vulnere la normativa. En cualquier caso, la factura no la pagará solo la empresa promotora, sino que acabará repercutiendo, directa o indirectamente, en las arcas públicas y en los ciudadanos de Lleida.

Ese es el coste real de una mala gestión municipal. Una licencia concedida al margen de los informes técnicos no es un problema abstracto de urbanismo: es un agujero económico, una degradación del entorno y un menoscabo de la tranquilidad de quienes viven a diez metros de la torre. Corregir el error costará mucho más de lo que habría costado hacerlo bien desde el principio, y quienes tomaron la decisión política de autorizarlo difícilmente asumirán personalmente la indemnización.

Además, la ejecución previa de la obra —con la línea ya energizada— introduce un factor de presión sobre el juzgado. No es casual. Quien construye primero y pide permiso después sabe que cuanto más avanzada esté la infraestructura, más difícil resulta para la justicia ordenar su desmantelamiento. Esa estrategia de hechos consumados es incompatible con un Ayuntamiento que deba garantizar la legalidad antes que los intereses de un gran proyecto. La Paeria no debería haber permitido que el promotor llegara a este punto.

Una lección que Lleida no puede ignorar

El caso de la línea aérea del Huerto no es un incidente aislado. Es un ejemplo de cómo la prisa política, la complacencia con los grandes operadores energéticos y el desprecio por el planeamiento acaban imponiéndose sobre los derechos de los vecinos. La transición energética puede ser necesaria, pero no es un comodín para saltarse la ley ni para convertir tierras fértiles y paisajes consolidados en un polígono industrial a cielo abierto.

Para los ciudadanos de Lleida que reclaman orden, transparencia y respeto a la legalidad, el veredicto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tendrá un valor que va más allá de este recurso. Si se anula la licencia, se reforzará el principio de que en el municipio rige el Estado de derecho y que ningún gobierno local está por encima del planeamiento. Si el recurso fracasa, el mensaje será el contrario: que basta con ejecutar una obra para que la ilegalidad prescriba por el mero paso del tiempo.

El próximo lunes no se juzga solo una licencia. Se juzga la credibilidad de una Paeria que, según sus propios documentos, autorizó una obra que sus técnicos consideraban contraria al planeamiento. Se juzga también la capacidad de la justicia administrativa para proteger a los vecinos de Lleida de una infraestructura que ya les ha cambiado el paisaje, la tranquilidad y, posiblemente, el valor de sus viviendas. La línea eléctrica del macroparque solar de Alcarràs puede desmontarse. La legalidad, como ha recordado la plataforma, no caduca por el simple hecho de que las obras hayan terminado. Lo que sí caduca, si la justicia no actúa con contundencia, es la confianza de los vecinos de Lleida en un Ayuntamiento capaz de ignorar sus propios informes para luego exigirles a ellos que carguen con las consecuencias. Lleida necesita gobiernos que hagan cumplir la ley antes de firmar licencias, no después de que los cables ya crucen el Huerto a diez metros de las casas.