Las paredes del Palau de la Generalitat vuelven a demostrar que resistir es la única doctrina vigente en el Palau. El Parlament ha debatido la reprobación y el cese de la consellera d’Educació, Esther Niubó, tras las recientes exigencias de dimisión que sacuden al Ejecutivo catalán. Salvador Illa salió en su defensa de manera inmediata en la cámara catalana. «Tiene mi confianza», respondió ante las peticiones de cese que acumulaba sobre su mesa. La blindan en Barcelona mientras en las aulas de Lleida y su provincia la realidad sigue siendo exactamente la misma que denuncian los padres desde hace décadas. La inmersión lingüística obligatoria no se toca ni con una coma.

Desde los despachos oficiales se despachan consignas sobre la normalidad democrática y el diálogo, pero los que aquí escribimos sabemos muy bien qué ocurre cuando un padre leridano cruza la puerta de un colegio público exigiendo que sus hijos reciban clases también en español, la lengua oficial del Estado. Se topa con el silencio administrativo, con la mirada esquiva de los directores de centro y con la constatación de que la Generalitat prefiere gastar el dinero de los contribuyentes en blindar estructuras ideológicas antes que en garantizar los derechos civiles más elementales de los ciudadanos. Aquí nadie dimite por vulnerar sentencias judiciales.

El blindaje político en el Parlament

La sesión de control en el Parlament dejó patente la pinza con la que opera el socialismo catalán en materia educativa. Los grupos parlamentarios que sostienen al president Illa cerraron filas en torno a su consellera d’Educació con disciplina militar. La consigna era clara y no admitía fisuras. El debate sobre la gestión de Niubó se saldó con el rechazo a cualquier tipo de asunción de responsabilidades políticas.

Las explicaciones dadas desde el estrado eludieron el fondo del problema. En Lleida estamos acostumbrados a que los problemas reales del campo, de las infraestructuras y de la educación queden sepultados bajo toneladas de propaganda institucional. Mientras el Govern dedica sus esfuerzos a proteger a sus cargos públicos de las turbulencias parlamentarias, las familias de la Cataluña interior asisten con escepticismo a un espectáculo donde los sillones importan bastante más que la libertad de elección de los padres. El rodillo institucional funciona a pleno rendimiento cada vez que se pide transparencia.

La realidad de las aulas en Lleida

Para el ciudadano de a pie que madruga en Lleida, que paga religiosamente sus impuestos a la Generalitat y que cumple con las ordenanzas municipales, la supervivencia política de Esther Niubó no cambia absolutamente nada. La imposición lingüística sigue marcando el día a día de los colegios e institutos leridanos. La presencia del español en los impresos oficiales de matrícula sigue siendo testimonial o directamente inexistente. La ley se aplica de forma implacable contra el castellano, mientras los tribunales dictan sentencias que los sucesivos gobiernos autonómicos se encargan de ningunear con subterfugios burocráticos.

La provincia de Lleida sufre de manera especialmente sangrante esta desconexión entre la política de despacho y la calle. Aquí el tejido asociativo en defensa del bilingüismo lleva años denunciando el acoso institucional que sufren los alumnos cuyos progenitores reclaman el porcentaje mínimo de castellano que establecen los tribunales. La respuesta del Departament d’Educació siempre es la misma: inspecciones opacas, presiones a los centros y un férreo control ideológico sobre los profesores que se atreven a apartarse del dogma oficial.

La blindada continuidad de la consellera en su puesto solo confirma que la hoja de ruta identitaria sigue intacta. No hay voluntad real de corregir el rumbo, ni de atender a esa mitad de la sociedad catalana que no comulga con el nacionalismo obligatorio. Las batallas dialécticas en el Parlament sirven para ocupar portadas durante veinticuatro horas, pero el muro invisible que aísla a los hijos de los leridanos de su derecho a estudiar en su lengua materna sigue perfectamente levantado. En esta casa seguiremos poniendo negro sobre blanco lo que otros tapan con sonrisas protocolarias y presupuestos millonarios en propaganda.

Contexto institucional y la gestión del Departament

La llegada de Esther Niubó a la conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña se produjo en agosto de 2024, tras años dedicada a los asuntos educativos desde el PSC y el Parlament. Desde entonces, la gestión de su departamento ha estado bajo el foco no solo por las cuestiones lingüísticas de siempre, sino por graves tropiezos técnicos y metodológicos que afectan directamente a la credibilidad del sistema educativo catalán.

Según publica El Español, Esther Niubó enfrenta peticiones de dimisión por parte de PP, Junts y Vox a raíz del grave fallo registrado en la prueba PISA 2025. Los datos recogidos en la investigación interna y difundidos por el citado medio señalan que Cataluña se quedó sin resultados comparables en PISA debido a un porcentaje de exclusiones de alumnos muy superior al permitido por la OCDE. En concreto, el porcentaje de exclusiones alcanzó el 23,2%, frente al 5% recomendado por el organismo internacional.

A pesar de que el informe interno señala que la advertencia sobre este exceso de exclusiones no llegó a los responsables políticos a tiempo, la responsabilidad institucional recae de pleno sobre el Departamento de Educación. La prueba PISA 2025 se preparó y aplicó cuando Niubó ya ostentaba el cargo de consellera, y el Consejo Superior de Evaluación, el organismo encargado de coordinarla en Cataluña, dependía orgánicamente del Departament d’Educació. Todo ello sitúa la gestión del fiasco bajo su responsabilidad política, abriendo expedientes disciplinarios en el seno del departamento mientras se suceden las demandas de cese desde la oposición parlamentaria.

Reacciones políticas y el respaldo del Govern

Ante este panorama de presión política y solicitudes formales de dimisión por parte de los grupos parlamentarios de PP, Junts y Vox, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, optó por cerrar filas de manera absoluta. Durante su comparecencia en el Parlament junto a la consellera, donde acudió a explicar el error que dejó a Cataluña sin resultados comparables en la evaluación internacional, Illa despejó cualquier duda sobre el futuro de su equipo.

«Tiene mi confianza», respondió de forma tajante el presidente catalán ante las insistentes peticiones de cese lanzadas desde los escaños de la oposición. Este respaldo incondicional evidencia la estrategia del ejecutivo autonómico de blindar a sus titulares a pesar de los fallos estructurales y estadísticos que sitúan a la educación catalana en el ojo del huracán. Para el Govern, mantener el control político de la conselleria prevalece sobre las consecuencias de un informe internacional fallido, consolidando una vez más la impermeabilidad de la cúpula de la Generalitat frente a las demandas de asunción de responsabilidades que exige la oposición en el Parlament.