Los propietarios de viviendas de alquiler de Lleida tienen desde esta semana una asociación propia. Som Habitatge, la unión de propietarios nacida en mayo de 2025 como contrapunto a los sindicatos de inquilinos, presentó el martes en el Parador su delegación en la capital del Segrià, con sede en la plaza Sant Joan, según La Mañana. Su delegada, Lucía Aguirre, denunció que los propietarios se sienten «desprotegidos» por un Estado que, según dijo, «está vaciando de contenido el derecho a la propiedad privada», según SEGRE.

Aguirre explicó que más de la mitad de los asociados son pequeños propietarios con entre uno y cinco pisos, según La Mañana. Entre sus preocupaciones, situó en primer lugar las okupaciones e insistió en la necesidad de «recuperar el control efectivo sobre nuestras viviendas», según SEGRE.

Los ahorros de los propietarios

La delegada lamentó que el debate público esté criminalizando a los propietarios. «A nosaltres no ens ha regalat ningú res. Són els nostres estalvis i les nostres inversions», afirmó, según La Mañana. Y reclamó que el debate tenga en cuenta las dos partes del contrato: «Tant els propietaris com els llogaters hem de tenir drets i obligacions».

Aguirre aseguró que la asociación es consciente «de lo mal que lo está pasando cierto sector de la población», pero criticó las regulaciones «a golpe de decreto» y que se cargue a los caseros con el «coste social» de la vulnerabilidad, según SEGRE. «El Estado se tiene que encargar de construir vivienda pública. Han recaudado 52.000 millones en el último ejercicio de impuestos del sector inmobiliario», dijo.

También lamentó que «a nivel social, se está vendiendo un discurso que solo fomenta el odio entre propietarios e inquilinos, y no refleja la realidad». Para resolver la falta de oferta, pidió «mirar el censo de viviendas vacías y escuchar las preocupaciones de los propietarios». Sostuvo que la renovación automática de los alquileres «solo conseguirá que la oferta se reduzca» y rechazó llamar «buitres» a los fondos de inversión, porque son «necesarios para construir», según el mismo diario.

Los decretos, a examen

El secretario de la entidad, Eduard Soler, explicó en el acto los cambios de los nuevos decretos de vivienda. A su juicio, introducen modificaciones fiscales que, aunque podrían parecer beneficiosas para el pequeño propietario, «generan mucha confusión y distintas interpretaciones sobre su aplicación», según SEGRE.

La asociación prevé organizar formaciones y seminarios para que los propietarios entiendan las novedades legislativas, ofrecer asesoramiento jurídico y actuar como mediadora entre arrendadores e inquilinos en conflictos como okupaciones o daños en los inmuebles, según La Mañana.

La Paeria: «Sois imprescindibles»

En el acto intervino la teniente de alcalde de Agenda Urbana de la Paeria, Begoña Iglesias, que defendió la colaboración público-privada. «Los propietarios sois imprescindibles», les dijo, según SEGRE. Iglesias añadió que «debemos estar pendientes de los más vulnerables», pero que «no tiene ningún sentido que no os escuchemos» para tener una «visión transversal» de la crisis de vivienda.

Las okupaciones en Lleida

La provincia de Lleida registró 144 denuncias por ocupación de inmuebles en los diez primeros meses de 2025, frente a las 189 de todo 2024, según los datos que la consellera de Interior, Núria Parlon, facilitó en respuesta a una pregunta parlamentaria de los Comuns, recogidos por SEGRE. En la ciudad de Lleida se denunciaron hasta octubre de 2025 un total de 61 ocupaciones de inmuebles destinados a vivienda, frente a las 88 de 2024.

En la provincia hubo además once denuncias por violación de domicilio en primeras residencias y seis en segundas residencias, según la misma respuesta. En el conjunto de Cataluña, Interior tuvo constancia de 11.172 denuncias por ocupación de inmuebles entre 2024 y octubre de 2025.

Los Mossos intervinieron en 45 desalojos de viviendas a petición judicial en las comarcas de Lleida en 2025, frente a 65 en 2024, según SEGRE. En la capital fueron una docena, frente a los 26 del año anterior. En toda Cataluña, los Mossos participaron en 2.526 desalojos en 2025, y Barcelona encabezó la lista con 317, seguida de Badalona, con 163, y Girona, con 142. Son desalojos judiciales, penales y civiles, de inmuebles destinados a vivienda en los que el juzgado pidió la colaboración de la policía catalana; no incluyen aquellos en los que la intervención policial no se solicitó o no fue necesaria. Interior solo dispone de estos datos desde el 1 de febrero de 2024. Badalona fue el municipio catalán con más denuncias por ocupación en 2025, con 791, según el mismo diario.

Usurpación o violación de domicilio

Interior distingue dos delitos en el fenómeno de la ocupación, según la misma información. La usurpación es la ocupación sin consentimiento del propietario de un inmueble que no es residencia habitual, como edificios deshabitados, locales o terrenos; si es pacífica, se castiga con multa de tres a seis meses. La violación de domicilio es la entrada o permanencia en un espacio habitado, sea primera o segunda residencia, sin consentimiento de quien vive en él; sin violencia, se castiga con prisión de seis meses a dos años.

55.000 viviendas sin uso habitual

La Agencia Tributaria ha contado en la demarcación de Lleida algo más de 55.000 viviendas habitables cuyo uso está «a disposición de su titular», casi un tercio del parque inmobiliario de Ponent, según SEGRE. La cifra, de la segunda Estadística de Viviendas Declaradas en el IRPF, incluye sin distinguirlas las segundas residencias, las arrendadas sin contrato y las okupadas.

Según esos datos, la bolsa de viviendas sin uso habitual supera en un 76 % a las casi 32.000 viviendas alquiladas como residencia habitual en la demarcación. En la capital la relación se invierte: hay 7.549 sin uso habitual y 11.989 alquiladas, según el mismo diario. El parque de Lleida suma 182.381 viviendas con valor catastral por las que se paga el IBI. El Censo de Población y Viviendas de 2021 del INE contabilizaba 40.500 viviendas vacías en la demarcación y 5.330 en la capital, según el mismo diario.

La asociación

Som Habitatge se presentó en mayo de 2025 en el Ateneu Barcelonès ante representantes del PSC, Junts, Vox y el PP, según El Debate. Su presidenta, Núria Garrido, afirmó entonces que «en Cataluña invertir en vivienda se ha convertido en una temeridad» y criticó «la persecución, la desconfianza y la inseguridad jurídica». Garrido sostuvo que Cataluña se ha convertido en un «laboratorio» de malas ideas en vivienda, de las zonas tensionadas a la rebaja del concepto de gran tenedor a cinco viviendas.

La asociación nació con unos 250 socios y una cuota de 10 euros para los propietarios de uno a cinco pisos, según el diario Ara. Garrido puso el acento en la inseguridad jurídica para desahuciar y en las moratorias. Lamentó que un propietario con un piso okupado no pueda desalojarlo por esas moratorias año tras año, mientras sigue pagando los suministros. Defendió que poder desahuciar no significa dejar en la calle a personas vulnerables, sino que las administraciones cumplan su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, según la misma información. Criticó también que haya sanciones para los propietarios por discrepancias con el índice de referencia de precios, mientras los inquilinos que dejan de pagar no pueden ser desahuciados, y cuestionó la reserva del 30 % de la obra nueva para vivienda protegida en Barcelona, la subida al 20 % del impuesto de transmisiones y el registro obligatorio de grandes tenedores.

En aquella presentación, la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén, celebró la creación de la asociación para dar voz a los propietarios y defendió que la colaboración público-privada es esencial, según Ara.

El director jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Carles Sala, describió en el mismo acto un paisaje legislativo de «hiperactividad» e «inestabilidad absoluta», con doce normas con rango de ley en seis años. «De estas tres no están convalidadas, cinco son total o parcialmente inconstitucionales y una tiene deficiencias técnicas», afirmó, según El Debate. «Los propietarios no forman parte del problema, sino de la solución», añadió, porque, según él, pueden aportar vivienda a corto y medio plazo y la administración no.

El catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, Sergio Nasarre, defendió la propiedad privada como una «institución milenaria», según el mismo diario.

Lo que no consta

Ninguna de las fuentes citadas recoge cuántos socios tiene Som Habitatge en Lleida ni cuántos pisos reúnen. Tampoco hay datos oficiales publicados de okupaciones en Lleida para 2026.

Fuentes y verificación

Información basada en SEGRE, 14 de octubre de 2026; La Mañana, 14 de octubre de 2026; SEGRE, 29 de enero de 2026, con datos de la conselleria de Interior; SEGRE, 9 de octubre de 2026, con datos de la Agencia Tributaria; El Debate, 22 de mayo de 2025, y Ara, 22 de mayo de 2025. Las declaraciones de Garrido y de Guillén recogidas por Ara proceden de su versión en inglés y se ofrecen parafraseadas. Las cifras de okupación de 2025 solo llegan a octubre.