Los últimos datos oficiales sobre el uso del catalán en la administración de justicia sitúan los porcentajes en los niveles más bajos de la serie histórica reciente. Los informes publicados reflejan una tendencia a la baja en la utilización de esta lengua oficial ante los tribunales, un escenario que afecta de manera directa a los partidos judiciales de la provincia de Lleida y al conjunto de la comunidad autónoma.

Las cifras recopiladas por los organismos competentes muestran que el porcentaje de sentencias y resoluciones dictadas en catalán se sitúa en su cota más reducida de los últimos quince años. Los que aquí escribimos constatamos que esta realidad estadística contrasta de forma evidente con el despliegue normativo y los recursos económicos destinados por las administraciones públicas para fomentar el uso institucional del catalán en el ámbito judicial.

El descenso del catalán en los tribunales

La evolución de las estadísticas judiciales en Cataluña dibuja una curva descendente sostenida en el tiempo. Mientras los organismos autonómicos mantienen programas de fomento y líneas de subvención destinadas a incrementar la presencia del catalán en juzgados y fiscalías, la respuesta cotidiana de los operadores jurídicos y de los propios ciudadanos refleja un distanciamiento progresivo.

Los datos oficiales detallan que el volumen de documentos judiciales redactados en catalán representa una minoría clara frente al castellano. Esta proporción se repite tanto en los partidos judiciales de las comarcas leridanas como en las capitales de provincia catalanas, donde la tramitación habitual de los procedimientos se realiza de manera mayoritaria en castellano.

Desde la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica se han abordado estas cifras en reiteradas ocasiones. El conseller Ramon Espadaler ha defendido públicamente que la utilización del catalán ante los tribunales responde al ejercicio de un derecho legítimo y ha señalado que el uso de esta lengua no constituye un capricho, sino una opción reconocida en el marco legal vigente que las instituciones tienen la obligación de amparar y facilitar.

El impacto en la provincia de Lleida

Para los ciudadanos de Lleida, la administración de justicia representa un servicio público esencial que debe garantizar la seguridad jurídica y la comprensión plena de los procedimientos. La distancia entre la oferta institucional y la práctica diaria en los juzgados leridanos pone de manifiesto las dificultades de aplicación de los planes lingüísticos en un entorno donde la realidad sociolingüística muestra una notable diversidad.

Los profesionales de la abogacía y la procura en Lleida señalan que la elección del idioma en los escritos y vistas orales responde habitualmente a criterios de agilidad procesal, comodidad de las partes y uso mayoritario en la práctica diaria, al margen de campañas institucionales o directrices administrativas. Esta circunstancia genera un debate permanente sobre la eficacia de las medidas de impulso lingüístico en sectores altamente formalizados como el judicial.

La evolución de estos registros oficiales continuará determinando la asignación de recursos y la efectividad de los planes de normalización en el territorio leridano durante los próximos ejercicios.

Radiografía de los partidos judiciales en Lleida

El análisis pormenorizado de los datos demuestra que la situación del catalán dista mucho de ser homogénea en el territorio de Lleida. Según la información difundida por medios como Segre, el uso del catalán en las sentencias judiciales continuó a la baja en la demarcación durante 2025, situándose en un 7,93% del total, el porcentaje más bajo registrado en los últimos quince años. Sin embargo, este promedio provincial oculta realidades muy dispares según el partido judicial del que se trate.

En el extremo más favorable del mapa leridano destaca con claridad el partido judicial de Balaguer. Esta demarcación lidera el uso del catalán en los juzgados de Lleida y se sitúa como el cuarto partido judicial de toda Catalunya en porcentaje de sentencias escritas en catalán, emitidas a través del sistema e-justícia.cat, alcanzando el 33,7% del total de sus fallos. Tras Balaguer se sitúan en la provincia los partidos judiciales de Solsona, con un 25,54%, y el de Cervera, que registra un 24,5%.

En el extremo opuesto del ranking provincial figuran zonas donde la presencia del catalán en las resoluciones judiciales es testimonial o directamente nula. El partido judicial de Lleida registra un 5,54% de los fallos en catalán, mientras que en La Seu d’Urgell este porcentaje se desplomó hasta el 0,43% en 2025. Más drásticos todavía son los datos correspondientes a Tremp y Vielha, donde los registros oficiales de Justicia indican que no se dictó ninguna sentencia en catalán durante el ejercicio.

Demandas, documentación y el papel de la abogacía

El repliegue del catalán no se limita exclusivamente a las resoluciones dictadas por los jueces y magistrados, sino que se extiende de manera transversal a los escritos iniciales presentados por los profesionales y a las preferencias manifestadas por los propios ciudadanos en sus procedimientos.

El informe de la conselleria pone de manifiesto que únicamente un 6,12% de las demandas presentadas ante los órganos judiciales de la demarcación estaban redactadas inicialmente en catalán. En la misma línea, los ciudadanos y partes implicadas en los litigios solicitaron recibir la documentación jurídica en lengua catalana en un escaso 8,06% de los casos, evidenciando que la demanda social de este servicio lingüístico se mantiene en cotas muy reducidas.

Por lo que respecta a los profesionales del derecho, el Colegio de la Abogacía de Lleida cuenta con una representación en su turno de oficio que participa en los programas específicos de fomento. Concretamente, un 31,8% de los abogados inscritos en el turno de oficio están adheridos al programa de fomento del uso del catalán, lo que se traduce en 97 letrados de un total de 305 colegiados adscritos.

Medidas institucionales y formación del personal

Ante este escenario de mínimos históricos, el Departament de Justícia ha puesto en marcha diversas iniciativas orientadas a revertir la tendencia y facilitar los medios necesarios a los operadores públicos. El conseller Ramon Espadaler ha insistido en que dotar a la administración de herramientas para garantizar la opción lingüística no responde a un capricho, sino al cumplimiento de las obligaciones legales.

Entre las medidas adoptadas destacan de forma muy notable los planes formativos y cursos de catalán destinados específicamente al personal al servicio de la administración de justicia. Las estadísticas facilitadas por la conselleria reflejan un incremento significativo en la participación de los empleados públicos en estos programas formativos. Durante el año pasado se contabilizaron 38 inscritos en la provincia de Lleida, una cifra que contrasta de forma muy acusada con los 11 inscritos que se registraron en el ejercicio anterior de 2024.

Este incremento en la participación se ha traducido también en un aumento directo de la eficacia de los cursos. Un total de 23 personas lograron finalizar con éxito la formación en catalán el año pasado, superando holgadamente las cinco personas que consiguieron completar el proceso formativo un año antes, un indicador que la administración confía en consolidar para mejorar de forma progresiva la atención y la redacción en las oficinas judiciales.