La Audiencia de Lleida ha visto este viernes el juicio del caso Carreteras, una de las derivadas del caso Boreas que ha sacudido la administración pública catalana. Tras ocho sesiones de vistas, la Fiscalía ha mantenido su petición de doce años de prisión para Jordi Benet, exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, y las penas solicitadas para los otros cuatro acusados. La única corrección ha sido para Baltasar Rullán, exresponsable de Conservación, a quien el ministerio público ahora acusa también de un delito de fraude de gestión desleal, lo que eleva su petición hasta los ocho años de cárcel y doce de inhabilitación. La vista queda visto para sentencia, pero el relato que ha quedado en la sala deja preguntas incómodas sobre cómo se gestionaron los fondos públicos en una región clave como Lleida.

Un entramado de favores, pagos e irregularidades

La tesis de la Fiscalía es contundente: durante años, la relación entre Jordi Benet y los responsables de MJ Grúas habría traspasado con creces los límites de lo profesional. Según el ministerio público, el exjefe de Carreteras habría recibido dinero, regalos, lotes de Navidad, comidas y trabajos gratuitos en su finca a cambio de favorecer a la empresa en contratos y certificaciones de obras públicas. No se trata, en opinión de la acusación, de un simple trato cordial entre funcionarios y contratistas, sino de una estructura de reciprocidades que habría desviado millones de euros de fondos destinados al mantenimiento de las carreteras leridanas.

Para defender esta tesis, la fiscal ha pedido a los magistrados que adopten una visión de helicóptero del caso. Es decir, que no valoren cada conversación, cada pago o cada certificación de forma aislada, sino que observen el conjunto: las conversaciones intervenidas, la documentación contable, los informes policiales y las declaraciones de los testigos. Solo de este modo, según la Fiscalía, se entiende que la relación entre Benet y MJ Grúas no respondía a la normalidad de una contratación pública.

La C-12: información antes de la autorización oficial

Uno de los episodios más llamativos del juicio gira en torno a las obras de la carretera C-12 entre Lleida y Corbins en 2016. Según la interpretación de la Fiscalía sobre las conversaciones telefónicas intervenidas, MJ Grúas habría sabido antes de la autorización oficial que se levantaría la suspensión de los trabajos. Esa información privilegiada habría permitido a la empresa adelantar la reanudación de las obras y agilizar las certificaciones y los pagos, todo ello con la complicidad del entonces jefe de Carreteras.

La conversación del 21 de julio de 2016 ocupa un lugar central en el relato acusatorio. En ella, el difunto Josep Maria Grúas Estadella le decía a su hijo que se tienen que bajar aquellos euros a Jordi. La Fiscalía interpreta esta frase como una referencia directa a un pago a Jordi Benet. Los acusados, por su parte, sostienen que se trataba de una ayuda económica a un familiar del empresario que también se llama Jordi. Es una de las claves del juicio: si los magistrados creen que el Jordi de la conversación es el exjefe de Carreteras, la acusación de soborno gana enteros. Si no, gran parte de la tesis fiscal se resiente.

El ministerio público también ha insistido en otra conversación en la que se hablaba de llevar un sobre al exjefe de Carreteras. Benet negó el jueves haber recibido dinero y aseguró que el sobre contenía documentación pendiente. La fiscal, sin embargo, ha cuestionado esta versión y ha vinculado esas conversaciones con el interés de MJ Grúas por reanudar rápidamente los trabajos y cobrarlos.

El contrato de Ponts: puntuación favorable y 5.000 euros en efectivo

Otro de los puntos álgidos del juicio es el contrato de conservación de carreteras de la zona de Ponts. Según la acusación, Jordi Benet fue el encargado de hacer la valoración técnica del concurso y otorgó 33 puntos a MJ Grúas, cinco más que a los principales competidores. La Fiscalía considera que esta puntuación no se explica solo por los méritos técnicos de la empresa, sino por la relación personal que Benet mantenía con sus responsables.

El dato más explosivo de este apartado es una retirada de 5.000 euros de la caja de efectivo de la empresa, registrada el día siguiente a la firma del contrato, el 5 de noviembre de 2014. La anotación identifica el dinero como J. Bebet y aparece firmada por dos responsables de la constructora. La Fiscalía entiende que ese dinero correspondía a Jordi Benet. Los acusados lo han negado.

Las certificaciones: 860.000 euros en trabajos no ejecutados

Sobre las certificaciones del contrato de mantenimiento de Ponts, la Fiscalía ha cifrado en unos 860.000 euros la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y los certificados hasta diciembre de 2016. Para el ministerio público, esto demuestra que se llegaron a pagar trabajos no ejecutados, un sistema que califica como fraude de gestión desleal.

La defensa y los acusados sostienen, por el contrario, que las certificaciones eran abonos a cuenta y que podían incluir trabajos aún no realizados. Baltasar Rullán llegó a afirmar que este sistema de adelantos era habitual. La Fiscalía rebate esta versión señalando que el sistema no permitía controlar qué trabajos se habían hecho y cuáles no, lo que abría la puerta a pagos por servicios inexistentes. Por eso, Rullán también es ahora acusado de fraude de gestión desleal, lo que supone cuatro años de prisión adicionales a la falsedad continuada en documento público que ya le atribuía.

Bodas, fincas y 94.300 euros en efectivo

Más allá de las obras y las certificaciones, la Fiscalía ha puesto sobre la mesa una lista de pagos y regalos que, en su opinión, completan el retrato de una relación corrupta. Entre ellos figuran comidas, regalos y trabajos gratuitos en una finca del exjefe de Carreteras, así como 12.000 euros ingresados desde la empresa para las bodas de sus dos hijos, 6.000 por cada enlace.

También ha recordado los ingresos en efectivo de unos 94.300 euros detectados en la cuenta de Benet entre 2011 y 2016, que el acusado atribuyó a los alquileres de inmuebles que, según dijo, siempre cobraba en efectivo. Y ha citado los 20.000 euros localizados en una caja de seguridad a nombre de su hija, que la mujer explicó que provenían de una herencia familiar. Son datos que, uno a uno, pueden tener explicaciones alternativas, pero que la Fiscalía presenta como piezas de un puzzle que apunta en una sola dirección.

La defensa: una disputa familiar, no una trama institucional

Las defensas han mantenido una tesis alternativa: no hubo pagos a Benet y las acusaciones responden a las desavenencias entre las ramas familiares que controlaban a la constructora. El abogado del exjefe de Carreteras ha considerado que no se ha acreditado la intencionalidad de los delitos y ha remarcado que la acusación se basa en pruebas indiciarias. También ha señalado contradicciones en el relato de la Fiscalía sobre las obras de la C-12 y de Ponts.

La acusación particular, que representa al 40% de la sociedad que denunció las irregularidades, se ha adherido a la tesis fiscal. Ha rechazado que el caso sea una mera disputa familiar y ha destacado que las denuncias presentadas por los socios disidentes se han corroborado durante la instrucción y el juicio. En sus conclusiones definitivas, ha retirado el delito de pertenencia a grupo criminal, pero ha mantenido el tráfico de influencias y el soborno activo para los dos directivos.

Las penas que solicita la Fiscalía

La petición de condenas es severa. Jordi Benet se enfrenta a doce años de prisión y 37 de inhabilitación por soborno pasivo, fraude de gestión desleal, prevaricación administrativa y falsedad continuada en documento público. Para los directivos Josep Maria Grúas Pauls y Miguel Turmo, la Fiscalía mantiene trece años de prisión, una multa de un millón de euros y veinte años de prohibición de contratar con el sector público para cada uno.

Para Baltasar Rullán, la petición es ahora de ocho años de prisión y doce de inhabilitación, además de 10.800 euros de multa. Para Mari Pau Benet, hija del exjefe de Carreteras, la Fiscalía pide cuatro años de prisión y 60.000 euros de multa por blanqueo de capitales.

Lo que está en juego para Lleida

Más allá de las penas individuales, el caso Carreteras pone sobre la mesa una pregunta que afecta a toda la ciudadanía de Lleida: ¿cómo se controlan los contratos públicos en la provincia? La acusación describe un sistema en el que un único funcionario habría podido decantar concursos, acelerar pagos y certificar obras no realizadas durante años. Si la sentencia confirma esta tesis, no será solo una condena a cinco personas, sino un retrato de una administración vulnerable a la captura por intereses privados.

Para los ciudadanos de Lleida, el caso tiene consecuencias concretas. Los fondos destinados a conservar las carreteras que usan cada día habrían terminado, en parte, en comidas, regalos y pagos injustificados. La confianza en la gestión pública se resiente, y la sensación de que quienes administran el dinero de todos no siempre responden ante todos gana fuerza. En un contexto de exigencia fiscal y de recursos públicos limitados, este tipo de casos alimenta la desafección y el descontento con las instituciones.

La sentencia, cuando llegue, será un hito. Pero el juicio ya ha dejado constancia de que Lleida no puede asumir que la corrupción en la gestión pública es un problema de otros lugares u otras épocas. El caso Carreteras demuestra que la transparencia, el control y la rendición de cuentas no son formalidades administrativas, sino barreras necesarias para proteger el dinero y la confianza de los ciudadanos.